Bernarda Vera figura en la lista de desaparecidos de la dictadura chilena. Pero una investigación afirma haberla encontrado en Miramar, en el sur de la provincia de Buenos Aires.


En agosto de 2023, en la previa al aniversario número 50 del último golpe militar en Chile, el gobierno de Gabriel Boric oficializó el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia, una política pública destinada a conocer la trayectoria de las personas que desaparecieron durante la dictadura de Augusto Pinochet. En las últimas horas, ese programa de Estado quedó en el centro de las críticas opositoras luego de que una investigación reportó que encontró viva en Argentina a una mujer que integraba el listado oficial de víctimas de aquel período oscuro.

La protagonista de la historia es Bernarda Vera, una profesora que —con 27 años y una hija de 5— fue detenida por militares el 10 de octubre de 1973 y que, aparentemente, había sido ejecutada en el puente de Villarrica sobre el río Toltén, en la región de la Araucania. Sin embargo, el caso dio un giro esta semana a partir de una investigación periodística que habría ubicado a quien fuera militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en la localidad balnearia de Miramar, en la provincia de Buenos Aires.

Vera, identificada como "Anita" en el ambiente de la militancia, figura entre las 1.162 personas incluidas en el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación (Rettig), una suerte de CONADEP chilena. Testimonios que quedaron fuera de la causa y algunos detalles del boletín que cada mes publica el programa del gobierno trasandino dieron algunos indicios de que la mujer podría haber escapado de ese destino.

Esos datos derivaron en la investigación periodística de Chilevisión, que condujo a una de sus cronistas a la ciudad de la costa bonaerense y donde habría dado con el paradero de la mujer.

Así fue el encuentro con la mujer que vive en Miramar
El encuentro con la supuesta Bernarda Vera ocurrió cuando la mujer bajaba de un auto, a metros de la puerta de su casa en la ciudad del sur bonaerense, en el partido de General Alvarado. La cronista de Chilevisión se acercó por la espalda y preguntó: "¿Señora Bernarda?". La mujer correspondió con un enérgico "sí".

"Hola, ¿Cómo está? Yo soy de Chile, de un canal Chilevisión", se presentó la periodista. La mujer miraba confundida el despliegue de cámaras y micrófonos. Y rápidamente se negó a seguir hablando. "No, no", remarcó.

Un hombre apareció por detrás, caminando desde el auto. Rodeó a la periodista, tomó del brazo a la mujer y abrió al puerta de la casa. La mujer que la periodista señalaba como Bernarda Vera entró a la vivienda.

El hombre cerró con llave la puerta y dio media vuelta. "No pueden pasar por encima de las personas", cuestionó a la cronista. "Voy a llamar a la Policía, así de simple", agregó el hombre.

La movilera golpeó la puerta. Del otro lado, le contestaron con una frase corta: "Mire, la persona que vino sabe lo que yo pienso".

El reportaje televisivo, además de entrevistas a referentes de Derechos Humanos, incluye una nota al excoordinador del Plan de Búsqueda Sandro Gaete, que aseguró también que el Ministerio de Justicia tenía información al respecto y no la entregó a la Justicia.

En el mismo sentido, el boletín del Plan de Búsqueda que se difundió en septiembre mencionó que "en algunos casos, muy excepcionales, este proceso ha revelado incongruencias con las conclusiones de las Comisiones de Verdad. Un primer caso refiere a una persona, condenada a muerte por un Consejo de Guerra en 1973, que fue calificada por la CNVR (Comisión Rettig), con los antecedentes disponibles en la época como víctima de desaparición forzada”.

La mención no fue explícita pero la información mencionada alentó la teoría ya expresada.

La repercusión que alcanzó el tema generó que el gobierno de Gabriel Boric saliera a dar explicaciones. En primer término, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que si bien se dio curso a una investigación, no tienen "la certeza de que la persona que actualmente se encuentra en Argentina sea efectivamente Bernarda Vera”.

“Lo que tenemos son antecedentes que se han ido recopilando, que el Estado de Chile ha obtenido y que le han sido entregados a partir del gobierno sueco, los cuales permiten seguir orientando la investigación para verificar si la persona que se encuentra allí es efectivamente Vera”, agregó en declaraciones a la CNN de Chile. La referencia a la nación europea se debe a que después de su llegada a Argentina a través de un paso cordillerano, Vera se habría trasladado a Suecia para luego regresar a suelo argentino.

Críticas de la oposición contra el Gobierno de Boric
En la misma sintonía, el caso abrió una fuerte polémica en el arco político chileno y llovieron las críticas hacia la administración de Boric. En particular, los cuestionamientos se centraron en la pensión que recibe la familia de Vera, tal como ocurre con todos aquellos familiares de las víctimas de la dictadura.

"Hay dinero del Estado y hay miles de millones de pesos de plata de los contribuyentes", sostuvo el diputado de la Unión Democrática Independiente (UDI) Jorge Alessandri, que apuntó en contra del Plan Nacional de Búsqueda, consignó el portal Emol.

En el mismo sentido, el legislador del Partido Republicano Cristián Araya contó que ya acudió de la Contraloría General de la República —el organismo que se encarga de fiscalizar los actos de la administración pública— para que la entidad establezca "quiénes estaban al tanto de que estaba viva, qué montos se le han pagado a la hija a modo de 'reparación' y qué personas fueron condenadas por su supuesto crimen".

Los sectores de la oposición pusieron el foco en Cordero, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos. A él señalan como responsable de la eventual "inexactitud respecto al caso de Vera".

En respuesta a ese punto, el funcionario remarcó que la hija de la mujer es una persona que tiene 57 años y que sigue recibiendo los aportes estatales por esta condición.

"En el caso de los hijos reciben hasta los 25 años, salvo que haya una excepción por discapacidad. Ella tiene certificado oficialmente una discapacidad motora sobre el 60%, que explica por qué es titular de la pensión", detalló.

El debate excedió los límites de la política. Frente a las objeciones que surgieron, los sectores vinculados a los derechos humanos se expresaron en defensa de las acciones públicas destinadas a esclarecer lo sucedido durante la década del 70, aún con los desaciertos que podrían haber ocurrido.

"Todos los procesos de acreditación pueden tener errores, dada la magnitud y la envergadura de la violencia estatal. Pero eso no significa que debamos usar esas dudas de manera malintencionada para poner en cuestión una política de verdad que, con todas sus limitaciones, ha sido un ejemplo exitoso en América Latina y en el mundo", le dijo a Clarín el historiador y sociólogo de la Universidad de Chile Pablo Seguel.

En un escenario donde todavía no hay confirmación oficial, el especialista remarcó que será responsabilidad del Poder Judicial “determinar si existen antecedentes suficientes para acreditar lo denunciado, que hasta ahora es solo una presunción”.

Además, pidió ser cautos con el tratamiento del tema ante la posibilidad de que una persona declarada desaparecida durante la dictadura estuviera viva e insistió en que “aclarar dudas sobre posibles errores no puede convertirse, bajo ningún motivo, en un instrumento del negacionismo o el revisionismo que busca reescribir la historia con mentiras".

“Un eventual error en un proceso de acreditación no es moralmente equiparable a un intento deliberado por negar los crímenes de la dictadura chilena", argumentó el escritor.

Miércoles, 1 de octubre de 2025