En conferencia de prensa realizada el jueves 9 de mayo, en la sede de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), más de 80 colegios de abogados, entre los cuales estuvo el Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, expresaron su enérgico rechazo a la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura que modifica la integración del cuerpo.





El Colegio de Abogados de Corrientes estuvo representado por la presidenta del Directorio, doctora María de Luján “Marisol” Molina, el tesorero, doctor Ricardo Villar, y el expresidente del colegio y actual titular de FACA NEA, doctor Ramón “Pato” Ríos.

“Consideramos que esta reforma vulnera la Constitución Nacional", expresó el presidente de FACA, Ricardo de Felipe. Y agregó "que cumplimos junto con los colegios federados con el mandato de nuestros estatutos de ser firmes defensores cuando entendemos que se vulneran derechos de los ciudadanos ya que esta reforma afecta la independencia del poder judicial".

Cabe mencionar que estaban presentes presidentes y delegados de la colegiación de todo el país quienes ante las preguntas de los periodistas expresaron su apoyo a FACA y anunciaron además que presentarán acciones similares en el fuero federal de todas las provincias, no sólo como demandas de tipo institucional sino también de manera personal y por propio derecho.

Maximiliano Toricelli, al abogado que redactó la acción de inconstitucionalidad que presentará FACA explicó que se vulnera el concepto de representación consagrado en la Constitución Nacional de 1994 y se explayó sobre el riesgo institucional que implica que la selección de jueces esté bajo la decisión de una mayoría política circunstancial cualquiera sea.



Comunicado de FACA

UNA PREOCUPACION LEGÍTIMA ANTE UNA REFORMA INCONSTITUCIONAL

Las principales leyes sancionadas recientemente por el Congreso afectan gravemente la independencia del Poder Judicial e indirectamente los derechos de los ciudadanos. Ellas son, una destinada a regular las medidas cautelares contra el Estado, otra relativa a la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación y una tercera que crea Cámaras de Casación para revisar sentencias de los tribunales nacionales y federales de segunda instancia.

Así como para debatir sobre el proyecto del nuevo Código Civil y Comercial, se abrió un marco de participación a toda la ciudadanía para idear un cambio en el ámbito de las relaciones privadas, resulta insoslayable señalar que la envergadura y las repercusiones sociales de las iniciativas sancionadas hubiesen requerido abrir un periodo de consulta sobre las políticas relativas al servicio de justicia. Que más democrático hubiese sido que todos opinemos sobre la “justicia democrática”.

Las serias observaciones que se formularan no han tenido –por la urgencia del debate- la posibilidad de ser suficientemente desarrolladas y discutidas públicamente, so pretexto que ya habían sido meditadas extensamente por sus redactores.

Ello genera que hoy, ante la afectación concreta de la independencia del Poder Judicial que provoca un desequilibrio en el delicado balance que la Constitución establece entre los poderes del Estado, imponga a esta Federación Argentina de Colegios de Abogados recurrir a los medios que el ordenamiento jurídico prevé para evitar que el daño institucional se consuma.

Ello no implica, lo decimos una vez más, propiciar que las cosas se mantengan como están; no hacemos una defensa corporativa de las debilidades del sistema judicial. Por el contrario, sostenemos que hay mucho por mejorar para que tengamos un servicio de justicia sin restricciones en el acceso, prestado en tiempos razonables, sin formalidades innecesarias y de menor costo para los sectores postergados, entre otras cosas.

El acceso a la justicia no pasa solo por entrar a un juzgado, sino por asegurarle al ciudadano que en ese espacio sus derechos se encuentren garantizados. No confundamos acceso a la justicia con excelencia judicial, aunque esta última es de desear.

Los ejes centrales de las reformas propuestas desatienden esas debilidades y creemos que poco ofrecen al ciudadano cuando se implantan instituciones del siglo diecinueve que van a demorar y encarecer los juicios, cuando se limita a derechos mínimos las medidas cautelares y se condiciona su vigencia a plazos incompatibles con los tiempos que duran los procesos y cuando se altera la integración representativa del Consejo, tal como lo previó la Constitución.

El nombramiento y la remoción de los jueces no pueden quedar en manos de una mayoría circunstancial, ni librado a la decisión de una parcialidad interesada.

El desafío es la modificación de las estructuras del sistema para poder adaptarlo a los tiempos que corren. Esos cambios no deben ser el resultado de un conflicto coyuntural, sino que deben apuntar -principalmente- a asegurarnos un Poder Judicial inclusivo, para intentar revertir a una sociedad que muchas veces margina, excluye y segmenta con sentido negativo.

Nos duele advertir que las reformas tal como han sido sancionadas son solo para limitar derechos frente al Estado y asegurarse una justicia dependiente.



Viernes, 17 de mayo de 2013