A diferencia de los créditos solicitados por el Poder Ejecutivo, la ley para denunciar el Pacto Fiscal de 1992 avanza en la Cámara de Diputados. El 19 obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos.



Casi con los plazos anunciados por el Gobernador cumplidos, la ley para reclamar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se deje de descontar el 15% de la coparticipación para financiar a la ANSES ya tiene dictamen en una de las comisiones de la Cámara baja.

A diferencia de los créditos solicitados por el Poder Ejecutivo, la ley para denunciar el Pacto Fiscal de 1992 avanza en la Cámara de Diputados. El 19 obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos.
Se espera que el próximo miércoles obtenga el despacho correspondiente en la de Asuntos Constitucionales y Legislación General para que sea enviado a Prensa y poder tratarlo en por lo menos dos sesiones más y aseguran que su conversión en ley será un trámite.
Esta ley necesita de mayoría simple, a diferencia los proyectos de ley para solicitar distintos créditos que están en debate.
Cabe consignar que los legisladores admiten que están sobre el filo del plazo mencionado por el gobernador Ricardo Colombi para iniciar las acciones ante la Corte Suprema de Justicia,
En diálogo con periodistas de época el diputado Héctor López de la Comisión de Hacienda pronóstico que una vez obtenido el dictamen en la otra comisión y cumplidos los plazos formales se aprobará lo más rápido posible.
Por su parte la diputada radical Alina Goyeneche explicó que esta semana la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General informó que el miércoles que pasó no pudo ser tratado el proyecto en razón de que no se sesionó por lo que se podrá analizar el miércoles de la semana.

El proyecto

En la sesión del jueves 30 de agosto el Senado de la Provincia dio media sanción al proyecto de ley presentado por el senador Noel Breard, por el cual la Provincia de Corrientes denuncia el Pacto Fiscal firmado entre la Nación y las provincias en 1992, en la cual, entre otras cosas, éstas aceptaban que se les descuente el 15% de la coparticipación federal, para financiar a la Administración Nacional de Seguridad Social por la creación del sistema de jubilaciones privadas.
En caso de que se recupere ese 15% los fondos, obtenidos, serán distribuidos de la siguiente forma: el 30% para viviendas urbanas y rurales (70% y 30% respectivamente); 15% para cubrir el déficit previsional o aumento de jubilaciones y pensiones provinciales y el 55% se asignará en el presupuesto provincial de cada año conforme a las prioridades de la política y plan de gobierno, respetando los fondos de emergencia si hubieren establecidos por ley.
La ley que está en tratamiento también propone extender la denuncia del convenio a las cláusulas y prórrogas unilaterales dispuestas por el Gobierno nacional, y establece que el Gobernador, en su carácter de representante del Estado correntino, instruya al Fiscal de Estado para que inicie las demandas pertinentes ante la Corte Suprema de Justicia ya sea en forma individual o si solicita litigar en conjunto con las otras jurisdicciones provinciales que reclaman el fin de estas cláusulas.
Cabe consignar que estudios realizados por la Fundación Mediterránea a través del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), estima que con el objetivo de financiar las instituciones de la seguridad, entre 1991 y 2011, Corrientes sufrió descuentos de su coparticipación en distintos conceptos por 17.932 millones de pesos, y sólo para 2012 esa cifra sería de 1882 millones de pesos.


Viernes, 21 de septiembre de 2012