Hoy se cumple una semana del inicio masivo de la usurpación de tierras en varios sectores del Pirayuí y la tensión se profundizó en los ocupas por el anuncio de desalojo “inminente” por parte de la Justicia.


La Justicia ordenó un relevamiento socioambiental para establecer la imputación. Permanece la guardia policial. Son más de 400 las familias.

Hoy se cumple una semana del inicio masivo de la usurpación de tierras en varios sectores del Pirayuí y la tensión se profundizó en los ocupas por el anuncio de desalojo “inminente” por parte de la Justicia. Se trata de unas 34 hectáreas tomadas por parte de más de 400 familias, algunas allí, hace más de 10 días.
Dos son las firmas que reclaman terrenos y, en virtud de la denuncia, ordenan un relevamiento socioambiental a cargo de la Secretaría Forense del Poder Judicial para establecer la imputación.
Si bien algunas familias optaron por abandonar los espacios ocupados, otras permanecen y aseguran que no cesarán la medida. Hay testimonios que permiten observar el nerviosismo reinante en el lugar por parte de los papás y mamás que no saben a estas alturas cómo obrar. “Nos dijeron que a las cuatro de la tarde viene el desalojo, pero acá no vino nadie con un papel original que diga el terreno es de tal persona. Sólo vienen con fotocopias que no se entienden”, comentó a época Elva Lezcano, quien permanece allí desde el sábado.
El lugar continúa con guardia policial, con orden de evitar que se sigan sumando ocupas a la zona.
Por su parte varias personas consultadas en el asentamiento informaron que durante la noche no se permitió el ingreso de víveres para poder hacer frente al frío.
Es que la restricción es absoluta, para evitar cualquier tipo de intento de edificación o cercado de lotes en la zona.
Mientras que en el terreno no hubo presencia de funcionarios provinciales y municipales, una diputada bajó al lugar para dialogar con las familias. “El Ejecutivo debe convocar al Municipio y tienen que intervenir en una mesa de diálogo para atender la necesidad de estas personas”, dijo a época Sonia López, diputada provincial por el Partido Comunista.
En ese contexto, la barriada intenta organizarse por sectores. La idea es evitar escenas de violencia y designar interlocutores por sector tomado, para elevar reclamos de la problemática general que motivó la acción ilegal de estas personas ante una eventual negociación.


Viernes, 13 de julio de 2012