El montó en pesos es de 685 mil millones.
Actualizaron el número que se había calculado en 2022.

El Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema envió al juez Jorge Gorini el monto final que deberán devolver Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en el caso Vialidad. La cifra de base era de 86.085.463.548,25 pesos, determinada como el perjuicio ocasionado por la maniobra de corrupción. Ahora, se determinó que los nueve condenados deberán responder por $ 684.990.350.139,86.

Son unos 537 millones de dólares al cambio de este viernes.

El número se desprende del informe oficial que los peritos de la Corte con la intervención de dos profesionales en representación del Ministerio Público Fiscal, firmaron y remitieron al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2)

“Se trata de un grave hecho de corrupción sin precedentes, cometido desde la primera línea del Estado Nacional”, se escribió en el fallo que en segunda instancia, confirmó la condena contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El daño ocasionado se estimó en ese momento en 85.000 millones de pesos, cifra ahora actualizada por la que los condenados deberán responder solidariamente. El cálculo inicial lo realizó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) cuando firmó la sentencia condenatoria el 6 de diciembre de 2022, y fue clave para determinar la gravedad del hecho, y en consecuencia explicaciones del pedido de decomiso.

Según la sentencia confirmada por la Corte, Cristina Kirchner fue responsable de haber priorizado el interés particular por encima del resguardo de los bienes del Estado. Encabezó, se sostuvo en el fallo, una maquinaria de corrupción que generó un perjuicio multimillonario a la sociedad en su conjunto.

En el caso se analizaron los 51 procesos licitatorios a través de los cuales Lázaro Báez fue adjudicatario del 86% de las obras viales que desde 2003 a 2015 el Estado nacional financió en la provincia de Santa Cruz.

El agravante es que el Grupo Austral cobró sobreprecios del 64% y la mitad de las rutas intervenidas quedaron abandonadas pese a que los contratos se pagaron.

Los jueces entendieron que era un beneficio imposible de cuantificar para quienes lo usufructu?an -sobre todo con el paso del tiempo-, de “i?ndole claramente financiero y cuya existencia resulta, a todas luces, incontrovertible. La contracara, y que aqui? nos interesa resaltar, es que el Estado Nacional precisamente renunciaba a ese beneficio totalmente intangible e incuantificable y se lo transferi?a a un empresario privado”.

Estos beneficios indebidos que recibió Báez, “cuya traducción en un monto dinerario determinado resultó imposible de medir”, expresaron los jueces, “no deben soslayarse, ya que su consideración resulta indispensable para comprender la extensión del daño causado”.

En función del entramado de corrupción, el juez Jorge Gorini que ejecuta la pena, solicitó al Cuerpo de Peritos de la Corte que actualice el monto del decomiso. La cifra de base fue $ 84.835.227.378,05, que terminó superando los $ 684.000 millones.

Cómo se calcularon los U$s 537 millones

Según se explicó en el documento al que accedió Clarín, se analizaron las “resoluciones técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), supraentidad que nuclea a los 24 Consejos Profesionales en Ciencias Económicas de todo el país”.

Los peritos contables del máximo tribunal citó particularmente que la Resolución Técnica N°48 "Normas Contables Profesionales: Remedición de activos elaborada por el Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoría (CENCYA(.

Dicha normativa dispone la obligatoriedad de la “ de activos, estableciendo determinados procedimientos técnicos para su implementación”.

En base a los mismos se avanzó en el pedido del Tribunal que puso de base la cifra cercana a los $ 85.000 millones que fue el perjuicio determinado durante la sentencia condenatoria.

“Se está solicitando, puntualmente, actualizar una cifra global datada el 6/12/2022, sin otras especificaciones”, expresaron los peritos en el informe que ingresó el jueves por la tarde al Tribunal.

El trabajo técnico
A la hora de detallar cómo se procedió en el revalúo impositivo y contable, se indicó: “en su parte pertinente, pone en vigencia la aplicación del indice de precios al consumidor nivel general (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en reemplazo del índice de precios internos al por mayor (IPIM), sustitución establecida por art. 2º de la Ley N° 27.468 ?.?. 4/12/2018”.

En definitiva, se planteó “de acuerdo con las consideraciones precedentemente expuestas, para efectuar el cálculo de marras, se tomará el último índice de precios al consumidor publicado por el INDEC al 26/6/2025 (mayo de 2025) y al 6/12/2022 (noviembre de 2022)”.

Los guarismos consignados correspondientes al INDEC “ingresando en el archivo Excel contenido en "Series históricas IPC Índice de precios al consumidor con cobertura nacional" "Indices y variaciones porcentuales mensuales e interanuales según divisiones de canasta, bienes y servicios, clasificación de grupos. Diciembre 2016- Mayo 2025" y específicamente “la solapa "Indices IPC Cobertura Nacional", tomando la totalidad de los decimales que surgen abriendo el casillero del indice respectivo”.

En suma, concluyeron los peritos, “el importe actualizado requerido, de acuerdo con los parámetros y metodología descriptos ut-supra, asciende a $ 684.990.350.139,86, es decir el quantum de seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa millones, trescientos cincuenta mil ciento treinta y nueve pesos con ochenta y seis centavos”.

¿Cómo se decomisan los bienes?
Con el monto ya determinado del decomiso, la Justicia pondrá en marcha el mecanismo correspondiente para avanzar hacia el cobro del dinero: se los intimará a los condenados de que comenzarán a regir diez días para que se depositen los fondos. Sí en el plazo impuesto por el Tribunal los acusados no cumplen, se comenzará con la ejecución de bienes.

Para esta última instancia, el Tribunal avanzará en la actualización de los embargos dictados en el marco de este expediente. Cuando se confirmó el procesamiento contra Cristina Kirchner y los demás involucrados en la maniobra defraudatoria, se avaló el embargo de $10.000 millones que había fijado el juez federal Julián Ercolini cuando firmó el procesamiento.

Fuentes judiciales explicaron a Clarín que los embargos “serán actualizados mediante la correspondiente comunicación a los registros de la propiedad inmueble, para después tener en claro la cantidad de bienes involucrados”.

Para avanzar con este punto, que es un trámite administrativo que realiza el Tribunal, el fiscal general Diego Luciani planteó: “La efectiva ejecución del decomiso en el caso que nos ocupa, adquiere una particular relevancia habida cuenta de que los comprobados hechos de corrupción con la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz, provocaron un daño social inconmensurable y sin precedentes”.

Su argumento acompañó un detalle de los bienes bajo titularidad de todos los condenados. El informe de 40 páginas enumera todas las propiedades y empresas de Cristina Kirchner, incluyendo todo lo cedido en partes iguales a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner

El dinero decomisado integrará el presupuesto del Poder Judicial según la Ley 23.852 y una acordada del máximo tribunal. Pero también hay normativa que permite que determinados bienes puedan ser administrados por organismos del Estado. En el caso de bienes inmuebles, los mismos podrán ser rematados.

El patrimonio de Cristina y Lázaro
La fiscalía pidió una actualización de los bienes que poseen los nueve condenados por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

En lo que concierne a la ex vicepresidenta se reiteró un pedido específico: que se mantenga el embargo trabado sobre el dinero cedido por “Cristina Elisabet Fernández a Florencia Kirchner, consistente en la suma de U$S 4.664.000 que se encuentra en la caja de seguridad U$S 1.032.144,91 -obrante en la caja de ahorro en U$S y $ 53.280,24 de la caja de ahorro en pesos. Todo ello, con los respectivos intereses que se hubieren devengado”.

Después el fiscal Luciani incluyó los 25 inmuebles que la ex vicepresidenta cedió en marzo de 2016 a sus hijos -Máximo y Florencia Kirchner-, en partes iguales.

Tuvo en cuenta y requirió el fiscal, una actualización del valor accionario de Los Sauces SA y Hotesur SA, las dos compañías familiares cuyos accionistas son a la fecha el diputado nacional y su hermana. Estas firmas fueron investigadas por lavado de dinero y es el próximo juicio oral y público que enfrentará Cristina Kirchner junto al líder de La Cámpora. También, se pidió una valuación de COMA SA, un empresa que nunca tuvo actividad y sólo contaba con un terreno en El Calafate.

La mayor cantidad de bienes detallados por el Ministerio Público Fiscal, corresponde a propiedades de Lázaro Báez que, además, incluye más de 130 inmuebles mayoritariamente radicados en Santa Cruz, más el valor accionario de Austral Construcciones, Loscalzos y Del Cierto, Sucesión Adelmo Biancalani y Kank y Costilla, todas constructoras utilizadas para la maniobra defraudatoria.




Sábado, 12 de julio de 2025