Así lo aseguran delegados gremiales del Instituto de Vivienda de Corrientes. La importancia de utilizar ladrillo correntino. El problema de la redeterminación de precios. Una denuncia penal. Aseguran que no se gestionan programas de viviendas sociales.



La realidad del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) fue expuesta en rasgos generales por el interventor del organismo Bernardo Rodríguez, en una entrevista exclusiva con EL LIBERTADOR hace una semana. Pero dos delegados del personal del Invico tienen una perspectiva diferente y quisieron exponerla. Ambas posturas divergentes prometen futuras polémicas.
A continuación, la síntesis del diálogo de EL LIBERTADOR con los delegados gremiales Juan Arnedo y Amadeo Peralta.

-El interventor del Invico dijo que, por falta de envío de recursos federales para viviendas, los fondos del Fonavi (Fondo Nacional de la Vivienda) deben ser empleados para el funcionamiento del Invico, pago de sueldos, etcétera, y queda muy poco para financiar planes habitacionales. ¿Esto es así?
-No, no es así. Los fondos Fonavi, por ley, son para construir viviendas. El Invico, por ese concepto, recibe unos 14 millones de pesos mensuales. Con sólo el 30% de esos recursos ($ 4 millones) y con el sistema Epam, se podrían hacer 33 viviendas sociales todos los meses, a razón de 120 mil pesos por vivienda.
-Bastante económicas, ¿no?
-Claro, porque se las podría hacer por administración y utilizando ladrillo correntino, ya que las empresas constructoras que ganan las licitaciones de Invico adquieren los ladrillos en Córdoba u otras provincias, o los ladrillos huecos en Paraguay. Pero además de los ladrilleros correntinos, la construcción de viviendas Epam (Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua) pone en marcha a unos 120 proveedores locales que suministran arena, madera, camiones, etcétera.

LO QUE SE HACE

-Pero viviendas se hacen. Por ejemplo, las destinadas a las familias del área de la Costanera Sur.
-Esas familias de los barrios Caridi y Arazaty, que van a ser trasladadas, pretenden precisamente el sistema Epam, ya que de esa manera las viviendas les saldrían más económicas. Pero el Invico insiste en hacerlas con el sistema tradicional de demanda libre.
-El interventor Rodríguez fue muy claro con nosotros, demostrando con números en mano que el Gobierno nacional no envía los fondos que Corrientes necesita para la construcción de viviendas…
-El Invico ve reducidos sus fondos en gran parte por el nefasto mecanismo de la redeterminación de precios.
-¿De qué se trata eso?
-Es una actualización del valor de la vivienda en función de la actualización de los precios de la construcción. No cuestionamos el mecanismo, y de hecho la Secretaría de Vivienda de la Nación lo admite. Pero lo admitió en un determinado porcentaje. Ocurre que Corrientes excedió largamente ese porcentaje.

¿SOBREPRECIOS?

-¿Ustedes quieren decir que se pagó a las empresas constructoras más de lo que correspondía en concepto de redeterminación de precios?
-Así es. De hecho hay una denuncia penal que obra en el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de la Capital Federal, presentada por el abogado Ricardo Monner Sans (ver aparte). Utiliza el concepto de "sobreprecio" que habría pagado el Instituto de Vivienda de Corrientes, con una redeterminación del 121% cuando lo que había establecido la Secretaría de Vivienda era del 21 al 28%.
-La verdad, que entre el 28 y el 121% hay una gran diferencia...
-Por eso no cuentan con suficientes recursos de los fondos del Fonavi. Porque usaron gran parte de esos dineros para afrontar los mayores costos por los planes de viviendas que ya estaban en ejecución, de manera que no pudieron implementarse nuevos planes. La deuda que le reclaman a la Nación en gran parte está conformada por estos fondos. El Invico pretendía que la Nación reconozca esos mayores costos. La Nación le advirtió que reconocería el 21 o 28 por ciento, ¡pero no el 121%!
-¿Están seguros de ese porcentaje? ¿Y se siguen pagando esos supuestos sobreprecios?
-Le doy un dato: el mes pasado (mayo) el Invico pagó a las empresas constructoras por redeterminación de precios unos 4 millones de pesos. Así subsidia a las grandes empresas, pero no mejora los salarios de sus trabajadores, ni hay mejoras para los obreros de la construcción y además se abonan conceptos en negro.
-¿Esta denuncia de Monner Sans involucra sólo a Corrientes?
-Fue dirigida principalmente contra (el ministro de Planificación Federal, Julio) De Vido, y también incluye al Instituto de Vivienda de la provincia de Santa Cruz. Con la diferencia que, si usted viera las viviendas de Santa Cruz, no lo creería: se hacen con paredes térmicas traídas de Finlandia (aunque afuera se registren 5 grados bajo cero, dentro de la casa se puede andar con remera), incluyen termotanques y otros beneficios.

DIFERENCIAS

-Evidentemente, son más costosas que las nuestras.
-Pero sin ir tan lejos, fíjese las viviendas que se construyen en el Chaco: tienen dos puertas, pisos de cerámica, aberturas… Aquí tienen una sola puerta. Por eso les dicen "casas-Cromañón".
-Insisto. Los números que nos exhibió el contador Rodríguez de los planes federales de viviendas son muy claros: de 2006 a 2008 la Nación envió a Corrientes más de 200 millones de pesos; pero de 2009 a 2011 esos recursos cayeron verticalmente a tan sólo 13 millones, mientras a Tucumán, por ejemplo, le dan 1.000 millones de pesos.
-Es que ese Plan Federal, dentro del denominado Programa Plurianual de Viviendas, en agosto o septiembre de 2008 cambió de modalidad. A partir de ese momento debían tomarse créditos a partir de un fideicomiso que se constituía con fondos de la Anses. En ese concepto reciben los fondos las otras provincias. Pero Corrientes no quiso adherirse a este sistema.
-Entonces, ¿se limita a recibir prácticamente sólo los fondos Fonavi?
-Sí, evidentemente. Además, es cierto que en el medio hubo un factor político. Corrientes estaba en "falsa escuadra" por los sopbreprecios que pagaba, ¡y encima asumió conductas "rebeldes" en 2008 poniéndose de parte del "campo" en la pelea con la Nación!

OTROS NÚMEROS

-Con todos esos problemas, en lo que va de este segundo gobierno del doctor Colombi se terminaron más de 1.700 viviendas y están en ejecución más de 1.100. Se están haciendo casas para la CGT, por ejemplo. ¿Coinciden con esos números?
-Adjudicaron 100 viviendas a la CGT de (el dirigente gremial Rubén) Suárez, y todo pone el Invico, adjudicándoselas en forma directa. Es discriminatorio hacia otros gremios y hacia otros ciudadanos que deben anotarse para un sorteo.
-¿Hay otros planes previstos?
-Hay varios planes nacionales: Solidaridad Habitacional, Emergencia Habitacional, Villas, Caritas, Techo Digno, etcétera. Pero el Invico no gestiona los programas de viviendas sociales, no le interesan. Seguramente no se puede hacer "negocios" con eso.
-La Intervención del Invico decidió no asistir más a las rees del Consejo Nacional de la Vivienda. ¿Qué opinan?
-Nos parece una actitud totalmente equivocada. Es retirarse de la pelea, es renunciar a la pela por reactivar al Invico. El contador (Bernardo) Rodríguez muestra su resignación.
-La Intervención informó que la Provincia aportó 24 millones de pesos para la construcción de viviendas, y ahora anunció el aporte de otros 24 millones más…
-Esos recursos provienen del Fondo Sojero, y se emplean para la edificación de clubes privados, comisarías, la refacción de la casa del Gobernador (obra que demandó 800 mil pesos); pero no para hacer viviendas.

Propuestas para las soluciones
-La propuesta de la Intervención del Invico es que se vayan cubriendo las vacantes cuando se produzcan jubilaciones.
-Ahí vemos un ingrediente político. Eso nos parece una propuesta miserable. Fíjese, por ejemplo, que el Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero tiene mil trabajadores y todos fueron pasados a planta.
-¿Ustedes creen que eso se podría hacer en Corrientes?
-Claro que sí. Pero aquí se priorizó el lobby empresario, que logró que le reconocieran mayores costos. El Invico decidió pagar eso, y sacrificó la vivienda social y a los trabajadores. Esos fueron los dos "legados" de Balestra que esta administración mantiene: el trabajo en negro y los reajustes a los empresarios. La idea de Balestra fue matar el Epam.
-¿Tienen alguna propuesta? ¿Plantean algún diálogo con las autoridades del Invico?
-El diálogo siempre es posible, por supuesto. Pero nos prometieron algunas cosas que no cumplieron. Además de Rodríguez, incluso habló con nosotros el propio ministro (de Hacienda y Finanzas, Enrique) Vaz Torres.
-¿Qué proponen ahora?
-Básicamente tres cosas, que incluso fueron convertidas en proyectos de ley en la Cámara de Diputados, presentados por la diputada Sonia López (Frente para la Victoria): que el 30% de los fondos nacionales se empleen para financiar viviendas del sistema Epam; el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados; y el blanqueo de las sumas que se pagan en negro.

Entre el blanco y el negro
-¿La gente paga sus viviendas?
-Hay poco recupero y, por lo tanto, poca comisión de servicio, que es un porcentaje que abona el Fonavi. Lo que hay se lo usa para gastos de funcionamiento y algunos adicionales "en negro" para los trabajadores.
-¿Hay trabajadores en negro?
-Hay 194 compañeros en esta situación. En realidad son prestadores de servicio, monotributistas, pero desarrollan el mismo trabajo que los empleados de planta. Por lo tanto de hecho son trabajadores en negro. La mayoría tiene más de 10 años de antigüedad; y hay casos de más de 20 años. La responsabilidad de la "creación" de estas figuras fue de (el ex interventor Julio) Balesta.
-¿Y no hay perspectivas de "blanquear" a esos trabajadores?
-Muy pocas. Fíjese que sólo en el Invico se da esta situación. En otras áreas del Estado, lo que se hace es un contrato. Pero en el Invico se prefiere tener a personas tercerizadas, para de alguna manera condicionarlas.
-El interventor Rodríguez nos señaló que el Invico no está en condiciones presupuestarias para absorber a todos esos trabajadores monotributistas.
-¿Sabía usted que el presupuesto del Invico para este año fue incrementado en un 100%?: de 27 millones pasó a 54 millones de pesos. Quiere decir que duplicó su presupuesto. Para servicios no personales se establecieron 38 millones de pesos cuando anteriormente era de 30 millones, es decir, que 10 millones no se ejecutaron. Con todas esas suman alcanzaría para blanquear los adicionales que se pagan en negro; porque lo que se necesita son unos 120 mil pesos por mes para los 300 trabajadores de planta. Y además, están los precarizados o "factureros".

El Fonavi es sólo para viviendas
"Corrientes es la cuarta provincia que mayores recursos del Fonavi recibe", aseguran los delegados. Y dicen que tales recursos son exclusivamente para la construcción de viviendas. Citan para ello el artículo 6 de la Ley del Sistema Federal de la Vivienda (24.464), sancionada en 1995:
"Los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda serán destinados a financiar total o parcialmente la compra y/o construcción de viviendas, obras de urbanización, infraestructura, servicios y equipamiento comunitario; quedando facultados los organismos ejecutores en materia de vivienda en cada jurisdicción, para el dictado de normas, tendientes al cumplimiento del destino impuesto. Asimismo estos recursos podrán utilizarse como garantía de préstamos y/o contraparte de financiamiento siempre que estén destinados a los fines de esta ley."

Denuncia nacional
En su momento, la diputada nacional Patricia Bullrich anunció la presentación de una denuncia por sobreprecios en la construcción de más de 4.000 viviendas edificadas en Corrientes, en el marco de un programa que depende del Ministerio de Planificación Federal.
En julio de 2004, 30 mil pesos; dos meses más tarde, 32.500, y un año después, 71.949. Así evolucionó, de acuerdo con los denunciantes, el precio de las viviendas por unidad.
Defraudación a la administración pública es el delito que les imputa Bullrich a quienes resulten responsables de estos presuntos sobreprecios.
La diputada no mencionó en su escrito a ningún funcionario, ni del Estado nacional ni de la Provincia. Pero De Vido ya tiene abierta una causa por una acusación similar. Se tramita en el juzgado federal porteño número dos, vacante desde que Jorge Ballestero ascendió a camarista, y comenzó con una presentación del abogado Ricardo Monner Sans. En este expediente se investigan supuestos sobreprecios no sólo de Corrientes, sino también de otras provincias (Santa Cruz es una de ellas).
De acuerdo con lo que anunció Bullrich, está acreditado un aumento en el precio de las viviendas correntinas del 121 por ciento en 14 meses.

Martes, 26 de junio de 2012