La normativa invita a las jurisdicciones a renegociar y revisar cuadros tarifarios, como así también a dar prioridad de recursos en materia de salud.



Recientemente sancionada en maratónicas sesiones, la Ley de Solidaridad y de Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública contempla adhesiones de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la renegociación del sistema tarifario eléctrico. También, prevé la revisión de tributos y en materia de salud. La semana pasada el Congreso de la Nación sancionó la normativa que otorga amplias facultades al Ejecutivo nacional en materia económica y en la definición de políticas públicas en general. La iniciativa replicará en las jurisdicciones subnacionales a través de las decisiones que vaya dictaminando el Gobierno nacional. No obstante, también presenta párrafos específicos de pedidos de adhesiones a las Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Uno de ellos tiene que ver con la revisión integral del sistema tarifario eléctrico. “Invítase a las provincias a adherir a estas políticas de mantenimiento de los cuadros tarifarios y renegociación o revisión de carácter extraordinario de las tarifas de las jurisdicciones provinciales”, expresa el texto de la ley en su artículo 5. Sucede que la normativa faculta al Poder Ejecutivo Nacional a mantener las tarifas de electricidad y gas natural que estén bajo jurisdicción federal, y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, en los términos de las leyes 24.065, 24.076 y demás normas concordantes, a partir de la puesta en vigencia de la emergencia y por un plazo máximo de 180 días. El objetivo consiste en lograr una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias para 2020. Durante la anterior gestión, los tarifazos, ante la constante quita de subsidios nacionales al sector, fueron tales que generó múltiples reclamos de usuarios residenciales y Pymes que no pudieron hacer frente a nivel nacional. En Corrientes se implementó una tarifa social, tras la eliminación del beneficio desde el Gobierno nacional.
Por otra parte, se otorga facultades al Ejecutivo para intervenir administrativamente el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) por el término de un año. La diputada nacional Ingrid Jetter (PRO) cuestionó este ítem de la normativa. “Es una ley muy poco federal porque ahí se habla solo de Edenor y Edesur, con lo cual nuevamente se congelarán tarifas en Buenos Aires”, dijo a Radio Dos. “Esperemos que esto se corrija y no sea como los 12 años anteriores de kirchnerismo, cuando las provincias del interior quedaron al margen de estos beneficios”, añadió respecto de la política energética de anteriores administraciones nacionales.
Lo producido del impuesto establecido en el artículo 32 de la normativa, vinculado con modificaciones en Ganancias, será distribuido por el Poder Ejecutivo Nacional para financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social y de la prestaciones del instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados en un 70 por ciento. También para el financiamiento de obras de viviendas sociales, del fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana creado por la ley 27.453 y el decreto 819/2019, prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, obras de infraestructura económica y fomento del turismo nacional, en un 30 por ciento.
La normativa, además, exime al fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana y a su fiduciario, en sus operaciones relativas al fondo, de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro, incluyendo IVA y el impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias. La exención a este último impuesto será aplicable para los movimientos de las cuentas utilizadas exclusivamente a los fines de su creación. En ese sentido, también se invita a las provincias a adherir a la eximición de todos los tributos aplicables en su jurisdicción. Por otra parte, se invita a las jurisdicciones a atender como prioridad la asignación de recursos al sector salud en tiempo oportuno y legal.

Lunes, 23 de diciembre de 2019