Es el despacho de Laprovitta y Estoup, para quienes “no hay pruebas” de irregularidades con el plan de 200 viviendas en el Doctor Montaña pese a la denuncia de la Nación.



El Concejo de la Capital aprobó hoy, en sesión especial, el dictamen de los ediles Ataliva Laprovitta y Justo Estoup (PJ) sobre las 200 viviendas del plan Techo Digno en el barrio Doctor Montaña, según el cual la gestión de Fabián Ríos no incurrió en irregularidades.
El despacho fue respaldado por 9 votos. Hubo una abstención, del concejal Gabriel Romero (Libres del Sur-ECO). Al momento de la votación el resto del bloque opositor se retiró del recinto.
“No existen pruebas o indicios algunos que hagan presumir la existencia de irregularidades administrativas y/o financieras en el desarrollo y ejecución del proyecto de construcción de 200 viviendas del programa federal Techo Digno”, dice el dictamen Nº 487 aprobado por el Concejo.
Antes de la aprobación, el Concejo debatió los tres dictámenes emitidos por la comisión investigadora conformada para averiguar si hubo irregularidades en el plan Techo Digno, ya que la Nación denunció penalmente a la Municipalidad de la Capital por haber certificado obras que nunca se realizaron en el proyecto de ampliación del Doctor Montaña.
Una auditoría de Vivienda de la Nación comprobó un avance del 0% en la obra, cuando la Municipalidad había certificado el 6,9%.
Los concejales Fabián Nieves (CC-ARI-ECO) y Juan José López Desimoni (PP-ECO), que integraron la comisión, habían concluido en la existencia de “irregularidades”. Gabriel Romero, autor de un tercer dictamen, propuso que el intendente se sumara al expediente administrativo y/o judicial para esclarecer el caso.
Para el oficialismo, “no se realizó” la inspección de obras que es la base de la denuncia realizada por la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación y que “se pudo constatar la existencia de una cuenta bancaria, ingresos y movimientos de fondos, imputaciones y liquidaciones de pagos con sus correspondientes facturas (…) que arroja un saldo disponible” de 25.865.992,88, por lo que se desestima la denuncia por defraudación al erario público.

Lunes, 17 de julio de 2017