El juez Martín Yadarola quiere saber qué había en las diez valijas que trajo la gerenta de una empresa de Leonardo Scatturice y qué tipo de inspección se hizo en esos países.

El juez en lo penal económico Martín Yadarola ordenó identificar para llamar a declarar a funcionarios de la Aduana, Migraciones y la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) que participaron del irregular control vinculado al arribo del avión privado del misterioso empresario Leonardo Scatturice en febrero pasado.

Además, Yadarola -el mismo juez que tuvo el caso de las valijas de Antonini Wilson durante el gobierno de Cristina Kirchner-, requirió "información al país de origen de la aeronave (Estados Unidos), y al país de destino (Francia) activando mecanismos de cooperación penal internacional" sobre el contenido de las valijas y otras inspecciones realizadas al avión que llegó a Buenos Aires el 26 de febrero desde Miami, estuvo siete días en un hangar de Aeroparque y luego partió a París, con escala en Tenerife.

El 12 de junio la fiscalía había pedido una serie de medidas de prueba, que el juez aceptó unos días luego de manera urgente.

"La batería de medidas dispuestas por el juez, en exacta consonancia con aquellas pedidas por los fiscales fueron dispuestas el 19 de junio de 2025", informaron fuentes judiciales.

A la fecha, detallaron que "se han recibido una gran cantidad de informes de diversos organismos públicos, se recibieron numerosas declaraciones testimoniales, se han realizado órdenes de presentación y allanamiento, se han secuestrado y analizado todas las cámaras del aeropuerto (desde el arribo de la aeronave y hasta su salida días después)".

También "se relevó una gran cantidad de documentación de diverso origen, se analizaron disposiciones regulatorias de ANAC, ORSNA, seguridad aeroportuaria y aduanera. Se han identificado personas. Se encuentra el juzgado acumulando una gran cantidad de elementos probatorios y procesando y analizando la información recibida. Aún se aguarda la conclusión de informes y análisis de materiales obtenidos", informaron las fuentes.

Por su parte, el fiscal Claudio Navas Rial no descarta “la existencia de una instrucción externa que habría condicionado el desarrollo de los procedimientos previstos” con la llegada del avión Bombardier 5000 en febrero pasado, en una alusión implícita al Gobierno. En el requerimiento de instrucción de Navas Rial están incluidas las imágenes que muestran las irregularidades y que se conocieron este domingo.

Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que el juez “ya puso en marcha varias de las medidas pedidas por el fiscal Navas Rial”.

Navas Rial, apoyado por la investigación preliminar del titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, solicitó identificar a la agente de la Aduana a la cual la gerenta de OCP TECH y pasajera Laura Arrieta le pasó un celular, escuchó a un tercero, hizo un gesto de Okey y dejó pasar las valijas sin escanear, así como secuestrar el celular desde que se entabló esa comunicación el 26 de febrero de 2025.

Las imágenes muestran al grupo de Arrieta al que una mujer le habilita especialmente una pasarela "sin que sus equipajes sean sometidos al escaneo, a diferencia de los demás pasajeros provenientes de otros vuelos, quienes son conducidos de forma sistemática hacia los escáneres". Se observa también a la mujer que había abierto el carril, cerrándolo nuevamente tras su paso, destacó el fiscal.

Por otra parte, el fiscal pidió “identificar a todos los vehículos que intervinieron en el arribo del avión a la rampa asignada para su aterrizaje" en el hangar de Royal Class en el aeroparque metropolitano.

En particular “dos camionetas tipo traffic de color negro, presuntamente pertenecientes a la empresa Royal Class; una camioneta tipo traffic de color blanco, que podría pertenecer a la PSA; una camioneta de color blanco y celeste presuntamente asignada a personal de la Dirección General de Aduanas; dos o tres camionetas tipo utilitarias blancas, que se aproximan y se retiran de la aeronave en distintos momentos, según surge de las imágenes analizadas”.

El fiscal también solicitó “establecer qué tipo de autorizaciones son requeridas para dichos movimientos (de vehículos en la pista) y por qué una de las camionetas tipo Traffic color negro se acercó al avión para luego quedar estacionada en el hangar de Royal Class”.

Luego sugirió “identificar el rol del automóvil negro que se observa cerca de la aeronave en el momento en que se trasladó al piloto para 'sellar' la aeronave en rampa”.

Más adelante, pidió datos la Dirección General de Aduanas respecto de sus funcionarios “Cintia Cali, Fernando Carretoni (agentes aduaneros intervinientes en el ingreso del vuelo), Omar Beltramino (agente aduanero interviniente en el egreso del vuelo), y cualquier otro agente que haya estado presente en el hall de control de ARCA al momento en que se habría indicado a los pasajeros y a la tripulación que no era necesario pasar sus valijas por el escáner”.

En su requerimiento de instrucción, el fiscal tuvo en “la discrepancia entre los cinco bultos declarados oficialmente en el Formulario de Declaración General y las imágenes de la PSA que muestran más de diez bultos trasladados por el grupo vinculado al vuelo, se sugiere la ampliación de las declaraciones testimoniales ya prestadas por ambos tripulantes con el fin que, exhibidas que le sean las imágenes registradas al momento del arribo de la aeronave, expliquen las inconsistencias detectadas”.

Sin embargo, en un comunicado la empresa OCP TECH del lobista de la SIDE en EE.UU, Leonardo Scatturice, afirmó que solo fueron cinco valijas y que todo se sometió a los correspondientes controles. Scatturice es, además, uno de los empresarios radicados en Miami que facilitó el acceso del presidente Javier Milei a Donald Trump.

Además, el mes pasado apareció como la cabeza de un grupo inversor que compró Flybondi. Por otra parte, una fuente del mundo de inteligencia dijo que "nada de los equipos que contrata la SIDE no se le consulta a este hombre residente en Miami".

Una fuente oficial descartó la versión según la cual en las valijas se trajo "software o hardware" para la SIDE y se inclinó más "compras de ropa de la joven", que recibió un tratamiento privilegiado por la Aduana.

Por su parte, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, afirmó que "no hubo ninguna irregularidad" y que fue la propia Aduana que depende de él la que hizo un sumario y lo entregó al juez Yadarola.

En declaraciones al canal A24, Pazo dijo que la Aduana "no escanea el 100 por ciento de las valijas de los pasajeros" porque se trata de una "facultad selectiva" del organismo y no obligatorio para todos.

En ese sentido, el piloto del avión Juan Pablo Pinto dijo que dentro del avión "quedaron dos valijas —una de Laura Belén Arrieta y otra de Víctor Du Plooy— porque eran equipaje en tránsito con destino final en París", informó Todo Noticias. “Lo que había adentro era ropa porque ellos estaban invitados a un evento de ropa de Louis Vuitton”, afirmó.

Pero el fiscal señaló que “considerando la falta de documentación precisa sobre la totalidad del equipaje ingresado al país, la ausencia de un control formal al respecto y las imágenes que evidencian una cantidad superior a la declarada oficialmente".

Entonces, "se sugiere recibir declaración testimonial al conductor del vehículo identificado como Michi -a quien uno de los pilotos refirió como chofer de la pasajera Laura Belén Arrieta-, a fin de determinar su grado de intervención en el traslado del equipaje, su vínculo con los pasajeros y su conocimiento sobre el contenido de los bultos”.

También recomendó al juez Yadarola “identificar al personal de la empresa Royal Class que intervino en la operación de arribo, en especial a las dos personas que, según se desprende del análisis de las imágenes, trasladaban los bultos (posibles maleteros), así como a los dos agentes que habrían acompañado a la pasajera y la tripulación durante todo el procedimiento, tanto en pista como en el hall de Aduana”. Una vez identificados, pidió que se les reciba declaración testimonial.

En cuanto a la permanencia de la aeronave Bombardier en el aeroparque el fiscal solicitó a la Aduana que:

- Informe cuál era la normativa vigente aplicable al momento de los hechos y en la actualidad, en relación con la permanencia de aeronaves en el territorio argentino. También deberá informar cuál es la normativa vigente en relación con el control de aeronaves en hangares privados.

- Indique expresamente qué organismo o área es responsable de realizar controles en el hangar durante la permanencia de aeronaves, y cuál es el rol del resguardo aduanero en esos casos.

Más adelante, el fiscal requirió que la Aduana “informe y remita todas las actuaciones realizadas en relación con el fondeo de la aeronave, presuntamente efectuado por la División Brigada de Fondeo, dependiente del Departamento de Inspecciones Aduaneras de la Dirección de Investigaciones y Procedimientos, bajo la órbita de la Subdirección General de Control Aduanero”.

En cuanto a las “inconsistencias en registros migratorios”, el fiscal pidió que Migraciones “proceda a la rectificación urgente de los datos incorrectamente consignados en el sistema migratorio”.

También que Migraciones “remita toda la información relevante sobre los mecanismos de validación cruzada utilizados actualmente entre Migraciones”.

Y en cuanto a que la ANAC “informó que no se encuentran registrados los movimientos de la aeronave durante las fechas indicadas, se recomienda requerir un informe detallado que explique las causas de esta omisión en los registros oficiales, el cual deberá incluir la normativa vigente aplicable al registro y control de movimientos de aeronaves privadas, así como los procedimientos y sistemas utilizados para tal fin”. Además, ese organismo “deberá identificar a los responsables de asegurar estos registros, detallando sus acciones y omisiones en este caso particular”.

En conclusión, la diferencia de tratamiento entre Arrieta y otros pasajeros “resulta particularmente significativa, ya que no obedeció a una situación de congestión ni a una saturación operativa que justificara una alteración en la dinámica de control”.

El desvío de los controles “fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección”. Entonces, “se evidenció una discrecionalidad no reglada, sin trazabilidad ni fundamentos objetivos que permitan reconstruir o verificar los motivos de la decisión adoptada”, finalizó el fiscal.

Miércoles, 9 de julio de 2025