La tucumana Elisa Eugenia Brito fue desplazada de su puesto en Santa Cruz por haber entregado la información solicitada por el juez. "Olvidate de trabajar en la Justicia", le avisaron. Llegó el oficio judicial y ella participó de la respuesta como cualquier funcionaria del Estado debe hacer: la echaron. En Santa Cruz no importan las coyunturas políticas, hay una ley que debe cumplirse a rajatabla: "A los Kirchner se los protege siempre". Elisa Eugenia Brito es abogada y hace poco más de dos meses había sido designada inspectora en el área de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno de Santa Cruz. Ahora está sin trabajo y no tiene posibilidad alguna de desempeñarse en el poder judicial de la provincia.


Juan Cruz Sanz
Por: Juan Cruz Sanz jsanz@infobae.com
Brito recibió los oficios del juez federal, Claudio Bonadio, que investiga a la familia presidencial por presunto lavado de activos en varias de sus empresas. Según explicaron a Infobae, la respuesta de Personas Jurídicas fue clave para desentrañar el mapa de empresas entre los Kirchner y el empresario santacruceño, Lázaro Báez. A Brito, que antes de llegar al gobierno de Santa Cruz se desempeñaba como maestra en Puerto San Julián, una localidad a poco más de 300 km. de Río Gallegos, no le "sonó" ninguna de las empresas y respondió de forma concreta. Lejos de saber cómo se maneja la información sensible con respecto al círculo Kirchner, actuó casi sin consultar.

En el Ministerio de Gobierno se sabía que Brito estaba preparando una respuesta al juez Bonadio, ante el requerimiento de información sobre diversos proveedores del Estado de relación directa con Hotesur, la empresa dirigida por Máximo Kirchner. Para suerte de Bonadio, en el ministerio no se percataron de la importancia de la solicitud y nadie de la plana mayor revisó la respuesta. Incluso, la subsecretaria de Gobierno de la provincia, Soledad Boggio, que estaba enterada del tema por comunicación de la misma Brito, "no le dio entidad", afirmaron varias fuentes de esa misma subsecretaría. En los pasillos del ministerio de Gobierno saben que el sistema funciona de otra manera. Ante un pedido de la Justicia sobre información "sensible" el mecanismo es simple: se lo hace participar al fiscal de Estado, Iván Saldivia, conocedor del entramado K y él es quien se encarga de "maquillar" la documentación que se envía a los juzgados federales. Saldivia se enteró de los allanamientos por los diarios y a partir de ahí se inició una verdadera cacería.

ELISA EUGENIA BRITO HABÍA SIDO DESIGNADA EN SU PUESTO HACÍA APENAS DOS MESES
La historia de Brito es casi de película. Abogada, recién recibida, oriunda de Tucumán, trabajaba como maestra en el interior provincial hasta encontrar algo que le permitiera empezar a ejercer su profesión. Casi por casualidad se enteró que en el Ministerio de Gobierno estaban realizando una búsqueda. Envió su currículum y a los tres días la llamaron. Otros afirman que fue la misma Boggio la que la convocó ante la necesidad de personal profesional. Fue designada por la directora general de la Inspección General de Personas Jurídicas dependiente de la subsecretaria de Gobierno del ministro de Gobierno de Santa Cruz vía el decreto 2286/14. Actualmente su cese de funciones está "en trámite" en el área de despacho del Ministerio Secretaría General de la Gobernación. Inexperta en el manejo del poder, terminó sin trabajo.

El camino que siguió fue el que se suponía. Luego de los allanamientos en los que se detectaron relaciones claves entre los Kirchner y Báez, en Santa Cruz sostienen que la subsecretaria Boggio, que era la única que estaba al tanto del requerimiento judicial, la convocó a su despacho. Según los relatos, Boggio la notificó de la gravedad del asunto, del error que había cometido y le pidió la renuncia. Brito no pensó que el tema era tan "grave" y decidió hacer caso omiso al pedido de renuncia. Ante la consulta de Infobae, la funcionaria negó que su salida tuviera algo que ver con el tema Hotesur. Pero esta historia tiene otra versión.

Fueron tantos los llamados telefónicos y la insistencia para que dé un paso al costado, que sintió que no tuvo alternativa. Sin trabajo, Brito se presentó ante el máximo tribunal provincial y fue atendida por la presidenta del cuerpo, Clara Salazar, una histórica en la Justicia santacruceña. "Tu legajo fue desechado. Olvidate de trabajar en la justicia provincial porque se sabe que participaste de la respuesta a Bonadio", afirmaron a este medio que fueron las palabras de Salazar.

A DIFERENCIA DE OTRAS OCASIONES, EL PEDIDO NO FUE REVISADO POR EL FISCAL DE ESTADO PARA "MAQUILLAR" LA DOCUMENTACIÓN

Infobae se comunicó con el ministro de Gobierno de Santa Cruz, Gustavo Martínez, que además es esposo de la subsecretaria, Soledad Boggio. Martínez fue claro, confirmó la renuncia pero aseguró que fue por "inoperancia" y no por la respuesta al juzgado federal. "El oficio de Bonadio se respondió porque fue la subsecretaria la que se puso al frente de eso. Se contestó en tiempo y forma y la abogada que respondió el oficio no fue ella porque Brito ya había demostrado que no estaba a la altura de las circunstacias", explicó Martínez. "Ella ni siquiera estaba involucrada en la respuesta porque ya había respondido varios oficios de manera incorrecta. Son muchas cosas que pasaron. Yo no la despedí. Ella renunció porque se dio cuenta que el cargo le quedaba grande, además hay una incompatibilidad porque mientras ejercía sus funciones también daba clases", sentenció el funcionario. Consultado sobre la información que solicitó Bonadio, Martínez afirmó que se pidió la "conformación de distintas sociedades" y que se respondió de "manera inmediata".

En el allanamiento en la inmobiliaria de Máximo Kirchner, se secuestró material que confirma la relación comercial entre la familia presidencial, Lázaro Báez y otros empresarios. Todo se está mirando con una lupa especial: se investiga a la Presidenta y sus hijos por lavado de dinero.

Martes, 1 de septiembre de 2015