La pobreza, la complicidad de las fuerzas de seguridad y la corrupción, entre los factores que favorecen la prostitución, el abuso infantil y la explotación sexual en el país. Las reflexiones del congreso de la Red de Infancia Robada.
“Hay una protección de las fuerzas de seguridad a los explotadores sexuales”. Lo dijo el juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Luis González, al disertar en el II Congreso Nacional de la Red de Infancia Robada, que se realizó el viernes y el sábado en la capital correntina.
El juez puso como ejemplo un caso en Esquina, donde un policía hacía horas adicionales protegiendo un prostíbulo. “La prostitución está naturalizada, y esto produce una contradicción muy grande: la única protección a la que pueden acceder las víctimas es el Estado, pero este cuida a los explotadores”, subrayó.
Especialistas y referentes de organizaciones sociales abordaron la explotación sexual, la trata de personas, el abuso infantil, la violencia de género y el tráfico de órganos, durante un encuentro que se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Unne, organizado por la Red de Infancia Robada, que conduce Martha Pelloni.
“La trata es la esclavitud del siglo XXI, atravesada por cuestiones como género, edad, y escala social. Las cadenas cambiaron de forma”, dijo Verónica Torres, decana de la Facultad de Derecho, en la apertura del congreso, que fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Provincia y contó con la adhesión de la Convención Constituyente Municipal y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) Corrientes.
En su charla inaugural, la religiosa se refirió al capitalismo como principal adversario en la búsqueda de democracia, solidaridad, justicia y paz, y criticó la corrupción institucional que existe “en todos los órdenes de la vida argentina”.
“La trata es un delito de la pobreza. Son la pobreza y la exclusión las que hacen posible el delito”, denunció el juez González. Según datos presentados por la Procuraduría de Trata, Corrientes es la tercera provincia en captación de víctimas, lo que para González “tiene una relación directa con las condiciones socioeconómicas”.
“No existe una política de planificación racional para intervenir preventivamente. A esto se suma la falta de coordinación entre fuerzas provinciales y federales. El delito de explotación es provincial y el de trata federal, pero no podemos discutir competencias cuando hay víctimas y hay que actuar con premura”, denunció.
Lunes, 18 de noviembre de 2013
