“Me contacté con la Defensoría del Pueblo de la Nación y ellos además de expresarme su apoyo se comprometieron a gestionar una audiencia con el organismo que administra los bienes del Estado, como es el caso del barrio que posee el Ejército en Mercedes”, dijo el defensor del Pueblo, Miguel Alegre, al ser consultado por El Litoral sobre los trámites que realiza para intentar evitar que varias decenas de familias sean desalojadas de los citados inmuebles.
En este marco recordó que “cuando nos concedan esa reunión, iría junto a la Defensoría del Pueblo de la Nación y un grupo de personas que representará a las familias que alquilan las casas porque precisamente ellos tienen dos propuestas.
La primera es adquirir esas viviendas y en el caso de que eso no sea viable, la segunda opción es que les permitan seguir alquilando por un determinado tiempo hasta que logren conseguir un nuevo lugar”, dijo Alegre a El Litoral.
Jueves, 18 de julio de 2013
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