Buscarán ser recibidos por referentes de la Agencia administradora de bienes del Estado. Buscan solución al problema habitacional que afecta a unas 90 familias que viven en los inmuebles hace 15 años. El Defensor del Pueblo hará pedidos de audiencia. Conformarán una mesa de abogados particulares y del Municipio. Realizarán un relevamiento de cada caso para una presentación conjunta.





Los vecinos que habitan en casas del barrio Militar de Mercedes, que han recibido notificaciones de desalojo, mantuvieron ayer una reunión con el Defensor del Pueblo, Miguel Alegre, el intendente Daniel Baldezzari y concejales. Harán gestiones ante la Agencia administradora de bienes del Estado. Acordaron conformar una mesa de abogados con profesionales del Municipio y particulares. Elaborarán un relevamiento entre los damnificados para determinar la situación de cada uno son al menos 90 familias para luego hacer una presentación conjunta.
Como estaba anunciado, Alegre se trasladó ayer a Mercedes para dialogar con los vecinos afectados por los pedidos de desalojo del barrio Militar. Durante el encuentro, en el que estuvo el intendente Baldezzari y varios concejales, se armó, tras presentar cada uno de los presentes su situación, un plan de trabajo.
Por un lado, el Defensor hará las averiguaciones para saber quién es el encargado a nivel nacional de estos inmuebles y hará las gestiones para que los vecinos puedan ser recibidos en Buenos Aires. Se comprometió a acompañar estas acciones.
En tanto decidieron conformar una mesa de abogados, en la que estarán los mismos vecinos los letrados del Municipio, ya que Baldezzari ofreció acompañamiento, y estará abierta a particulares que quieran colaborar. Estos profesionales serán los encargados de buscar estrategias legales para frenar los desalojos.
En tanto los vecinos realizarán un relevamiento en cada zona para conocer la situación de cada uno de los afectados.
“Mientras se trabaja en la mesa de abogados, paralelamente se irá estudiando el caso de cada habitante, porque son situaciones diferentes. Algunos tienen contratos de alquiler vencidos, con acta de desalojo firme; otros, aún el contrato está en vigencia; mientras que los de otros vencen el año que viene. Para todos es cuestión de tiempo”, dijo a El Litoral, Felipe Domínguez Irigoyen, uno de los vecinos involucrados.
La idea, explicó, es armar un documento común para presentar a la Agencia administradora.
“La reunión fue muy numerosa, se pudo intercambiar opinión sobre las estrategias para evitar el desalojo. Yo expliqué la parte legal del tema; y acordamos que como la gente no tiene una misma situación legal, entonces había que elaborar estrategias diferentes”, contó Alegre a este medio.
La próxima semana, dijo Alegre, él informará acerca de sus gestiones y los vecinos se organizarán como grupo, conformarán la mesa de abogados e iniciarán el relevamiento en cada sector.
“Estuvimos de acuerdo en gestionar audiencias para ver las instancias que sean necesarias; ellos están deseosos de solucionar esta situación”, expresó Alegre.
El Ombudsman mencionó también que durante la visita del ministro de Defensa Agustín Rossi a Corrientes, los vecinos le entregaron una carta en la que le explicaban su situación y le solicitaban que considere el problema.
Alegre recordó que algunos vecinos están en condiciones de comprar las viviendas, y que cree que se puede hallar una solución, ya que ese barrio sólo tenía razón de ser cuando allí funcionaba a pleno la base del Ejército; y que está de manifiesto que no es intención del Gobierno nacional su reactivación.

Viernes, 5 de julio de 2013