El suspendido juez Civil y Comercial de Santo Tomé, Humberto Camilo De Biase Echevarría, prestó declaración en el juicio por mal desempeño en sus funciones, que lleva adelante el Jurado de Enjuiciamiento y que continuará hoy, desde las 8.30, en el 9º piso del Poder Judicial, ubicado en San Juan y 9 de Julio.


El magistrado de Santo Tomé se sometió al interrogatorio del Jurado de Enjuiciamiento, del fiscal y de su abogado defensor. Reconoció que, si bien se sabía incompetente, la ley le permitía actuar “para casos excepcionales”.
El suspendido juez Civil y Comercial de Santo Tomé, Humberto Camilo De Biase Echevarría, prestó declaración en el juicio por mal desempeño en sus funciones, que lleva adelante el Jurado de Enjuiciamiento y que continuará hoy, desde las 8.30, en el 9º piso del Poder Judicial, ubicado en San Juan y 9 de Julio.
En la oportunidad, se declaró inocente y consideró que la ley lo amparó para llevar adelante los 61 expedientes que, según adujo, ingresaron a su Juzgado, en el marco de medidas cautelares dictadas contra el Estado nacional, mediante la Gendarmería y la Prefectura Naval.
“Siempre delegué al Estado nacional la posibilidad de que resuelva sobre las liquidaciones pertinentes”, sostuvo el magistrado, en respuesta a las acusaciones de que se extendió de sus jurisdicciones y que instó a un área de mayor jerarquía a que aplique las modificaciones salariales correspondientes a los autores de las cautelares. “En ninguna ocasión impuse sanción en caso de que no se haya pagado. Se dijo que se armó una industria del juicio, y no es así, cuando dicté mis medidas, lo hice con el convencimiento de que estaba habilitado por la ley”, interpretó De Biase.
“Yo siempre me supe incompetente”, dijo el magistrado, lo cual causó sorpresa en la sala. Empero, acto seguido, recalcó: “Pero sé que los jueces incompetentes podemos actuar para casos excepcionales”.
Esta declaración fue interpelada por el fiscal general César Sotelo, quien le preguntó cómo evaluaba él tal excepcionalidad, ante lo cual simplemente respondió: “Venían los escritos de los actores y yo los verificaba, junto a mis secretarios”.
Por su parte, Eduardo Panseri le cuestionó la supuesta velocidad con que firmó tantos amparos. “Son 59 hojas con apellidos y nombres”, cuestionó, ante lo cual el acusado respondió que “cada uno de los casos se chequeaban desde el Juzgado de Santo Tomé”.
“¿Evaluó usted el impacto económico y administrativo que tendría esta cantidad de medidas en la Gendarmería y la Prefectura?”, preguntó Panseri. “Es el Estado nacional el que debe aplicar su liquidación, por eso yo lo dejaba a consideración del Juzgado Contensioso y Administrativo”, respondió De Biase.
A su vez, Jorge Buompadre interrogó al juez santotomeño acerca de las razones para considerar “el delito y la urgencia” para tramitar las medidas. “El peligro es que no puedo consentir que haya pago en negro dentro de la administración pública. Si cobro 10.000 pesos, no me pueden pagar un aguinaldo de 800”, sostuvo ante la pregunta.
Alejandro Chaín, presidente del Jury, le solicitó a De Biase que dejara en claro cuáles son los precedentes que argumenta para tomar tales medidas cautelares. “Tuve en cuenta que las medidas pueden ser dictadas por jueces incompetentes. Son precedentes doctrinables, no jurisprudenciales”, aclaró el acusado durante el interrogatorio.
En ese contexto, el abogado defensor, Ernesto Tito González, preguntó a De Biase acerca de sus bienes personales, ante lo cual el juez sostuvo que posee dos casas “comunes” (una en Corrientes y otra en Santo Tomé), un auto y una camioneta. De esta manera, Tito González pretendió elaborar su estrategia tendiente a dejar en claro que su defendido no posee ningún tipo de riquezas.

Martes, 16 de octubre de 2012