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NOTA DE OPINIÓN DEL CONCEJAL JUSTO A. ESTOUP
El Empréstito, ¿Solución?
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Jueves, 2 de agosto de 2012

El gobierno de la provincia de Corrientes está impulsando un segundo endeudamiento que involucra indefectiblemente a todos los correntinos. Este gobierno ya ha solicitado durante los primeros dos años de gestión un importante empréstito.





Ahora bien, ante la solicitud de un segundo empréstito, son muchas las preguntas que podemos hacernos a fin de reflexionar sobre la conveniencia de que la clase política decida nuevamente endeudar a Corrientes.

Antes de describir dicho empréstito, cabe aclarar algunas cuestiones previas. Tanto en julio de 2010 como a principios de este año, la provincia accedió a un proceso de desendeudamiento propiciado por la gestión del gobierno nacional a cargo de la presidenta Cristina Fernández.

Cabe aclarar que el gobierno no tuvo el mismo comportamiento con las deudas municipales. Ahora bien, paralelamente a este proceso de desendeudamiento, el gobierno provincial continuó endeudándose, sin rendir cuentas de la forma en que aquel dinero fue gastado. Es importante evaluar los resultados de la gestión en cuanto a la eficacia y la eficiencia y la manera en que han sido utilizados esos recursos.

Este segundo endeudamiento consiste en un crédito que se solicita al BID, para ser invertido en los municipios, equivalente a US$ 10 millones del Programa de Mejora de la Gestión Municipal.

También existe la voluntad del Ejecutivo provincial de solicitar $750 millones y la emisión de Letras del Tesoro (LETES) por $300 millones.

Con respecto al crédito solicitado al BID, el mismo debería ser pagado en un lapso de 15 a 20 años a una tasa preferente del 6% anual en dólares. No está destinado ni para obras ni para maquinarias y su ejecución y otorgamiento depende absolutamente del gobierno provincial.

Es decir, que su distribución es absolutamente arbitraria. También debemos aclarar que ésta es una deuda que no contrae directamente el Estado provincial, sino que son los municipios quienes deben absorber tal endeudamiento.

El crédito de $300 millones está destinado a Rentas Generales, es decir el pago de sueldos, y los $750 millones serían otorgados supuestamente a la DPEC, Gas Natural sur de la provincia, Vialidad Provincial, y Aguas y Cloacas de ciudades no servidas por Aguas de Corrientes S.A. De ambos créditos se desconocen los intereses y el plazo de pago.

Estos dos últimos montos, que en conjunto ascienden a $ 1050 millones, son claramente violatorios de la Const. Prov. de su Art. 19 que prevé la obligatoriedad de la programación financiera del crédito y su impacto en el futuro.

También son violatorios del Art. 59 de la Ley 5571 de la Administración Financiera de la Provincia, ya que no se establecen con claridad los intereses y los plazos de pago. Al mismo tiempo surgen un conjunto de dudas relacionadas con el destino que han tenido los US$ 150 millones del PROSAP (infraestructura rural) y los US$ 50 millones destinados a Vialidad.

Por otra parte la provincia se ahorró $1.000 millones en 4 años por aquel desendeudamiento citado. También son $1.000 millones los que va a recibir en cuatro años del Fondo Sojero como así también en estos últimos 4 años subió notablemente la coparticipación federal, en más del 100%.

Si se aprobaran los créditos, la deuda provincial se duplicaría en 4 años. En dólares ascendería a 200 millones, o sea a más de $820 millones. En pesos, más de 1.050 millones, más intereses. Estos últimos, que van a ser tomados en el mercado privado, no tienen proyectos concretos ni se aclara expresamente a qué ciudades va a beneficiar ni de qué manera.

Lo más curioso de toda esta situación financiera, es que si se otorgara, sería casi imposible establecer un mecanismo de control para el destino de aquellos fondos. Otra cuestión que es objeto de nuestra reflexión es la oportunidad de la solicitud del empréstito.

En un año previo a un período electoral en donde se va a definir el futuro gobernador de la provincia son muchos los aspectos que debemos tener en cuenta.

No podemos dejar de sospechar como ciudadanos que la solicitud de tales recursos está motivada por razones electorales. Más aún cuando ha sido el propio gobernador el que ha adelantado su voluntad de continuar en la jefatura de la provincia por un tercer mandato.

Es por ello que debemos ser inflexibles en nuestra posición ante tales acontecimientos. Es así que a la luz de estas interpretaciones resaltan nuestros temores que encienden una gran desconfianza con respecto a quienes toman decisiones que pueden afectar seriamente el futuro de los correntinos. Por ello debemos ser muy celosos del destino de los fondos que nos pertenecen a todos.

La sociedad debe constituirse como la custodia más legítima de un presente que puede entorpecer su futuro. Este gobierno ya ha tenido la gran oportunidad de materializar todas las promesas electorales que se hicieron oportunamente. Nos preguntamos si es justo que ese caudal de dinero que el gobierno pretende obtener a costa de endeudar a la provincia nuevamente culmine en una campaña electoral más.

También nos preguntamos cuál es el objetivo más íntimo que promueve tales acciones. Sería muy lamentable para la política y para la misma sociedad de Corrientes que nuestro debate se centrara entre el crecimiento y el desarrollo económico o las ambiciones personales de conservar el poder.

Una provincia calificada como una de las más pobres del país no puede darse el lujo de sostener con el sacrificio de los ciudadanos las ambiciones personales de un conjunto de personajes que no ven más allá de sus propios intereses. No debemos ser cómplices de los caprichos de la política porque éste es un camino que ya ha traído trágicas consecuencias; por eso debemos aprender de nuestra historia reciente que todavía tiene muchas cosas que enseñarnos.

Finalmente podemos concluir que la deuda de la provincia se duplicaría en 4 años y que estamos en presencia del endeudamiento más grande de la historia de Corrientes. En el caso de que todos estos créditos sean aprobados, Corrientes terminaría endeudada en unos $1.820 millones al finalizar la gestión del actual gobierno.


Jueves, 2 de agosto de 2012

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