Miércoles, 1 de agosto de 2012

A pedido de la Fiscalía, el Juzgado a cargo de lograr un acuerdo pacífico envió una solicitud al Superior Tribunal. Reclaman que se inste a los otros dos poderes a adoptar políticas públicas para zanjar el problema.




Los fiscales y la jueza en lo correccional, Gabriela Aromí de Sommer, admitieron que llegaron a un límite en la actuación penal y recurrieron al Superior Tribunal de Justicia (STJ). Solicitan que se generen canales de diálogo con los restantes poderes del Estado, a fin de realizar un abordaje integral del problema y adoptar políticas públicas para zanjar el conflicto entre usurpadores y propietarios de los terrenos tomados, en inmediaciones del barrio Pirayuí. Hace 25 días, la Justicia busca una resolución pacífica.
Por requerimiento de la Fiscalía, la jueza a cargo de hallar una salida de común acuerdo –en el marco del conflicto por los terrenos privados que fueron usurpados en forma masiva el pasado 8 de julio– solicitó al STJ “que genere canales de diálogo” con los otros poderes del Estado, Legislatura y Ejecutivo Provincial, con el objeto de abordar la situación también desde una mirada social. Los propietarios –Urbano S. A. y Guaraní S. A.– reclaman 23 hectáreas tomadas en el barrio Pirayuí.
El pedido fue planteado por la Fiscalía, a fin de “adoptar políticas públicas” tendientes a solucionar el problema y la lucha de intereses y derechos a la que apelan las partes.
Según indican en la nota de solicitud, el conflicto surge de la contraposición de dos derechos básicos, como el de propiedad y el acceso a la vivienda digna. Es por ello que la Justicia advierte la necesidad de un abordaje integral, mayor al de su competencia.
Anticiparon que la justicia penal no podrá dar otra respuesta y que solo el Superior Tribunal, como cabeza del Poder Judicial, está constitucionalmente habilitado para abrir espacios de diálogo en los que se promueva la puesta en marcha de “políticas públicas”, adecuadas para asegurar la operatividad de los derechos humanos fundamentales consagrados en el sistema constitucional.
El pedido se remitió ayer a la Corte provincial, junto con un informe minucioso en el que se explica en de talle cada arista del conflicto de intereses.
En ese informe, el Juzgado informa al STJ que hasta este momento procesal, los jueces y fiscales, en coordinación con la policía en función judicial, arbitraron los medios disponibles para descomprimir la tensión social, con la finalidad de evitar medidas que podrían generar incidentes más graves o disparar focos de violencia, como ocurrió en otras provincias y en otros países de Latinoamérica.
En ese contexto, tanto los fiscales como Aromí de Sommer entendieron que es el momento de “deslindar competencias y circunscribir la actuación de la justicia penal solamente a la investigación de posibles hechos delictivos”.
De ese modo, la Justicia se despega de toda acción que no esté sujeta a la investigación de los delitos denunciados por los propietarios de los terrenos. Asimismo, recordaron que el censo realizado por asistentes sociales arrojó como resultado la presencia en el lugar de centenares de personas en estado de pobreza y vulnerabilidad.
Para los fiscales, el conflicto tiene un "alto voltaje social" y derivó en aristas políticas que no pueden tener cabida en un proceso penal. Apuntaron, como ejemplos, la presencia de referentes políticos en los predios ocupados y un pedido de respaldo por parte de los vecinos de barrios aledaños que en momentos de mayor tensión optaron por cortar la ruta. En ese sentido, pusieron énfasis en que son situaciones que exceden el ámbito de la causa penal.
A partir de la solicitud, el Superior Tribunal podría promover canales de diálogo y convocar a representantes del Gobierno provincial, legisladores y referentes de la Municipalidad de Corrientes para abrir la discusión sobre probables alternativas de solución al conflicto.

Miércoles, 1 de agosto de 2012