En una asamblea de la que participaron trabajadores del Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico) y delegados del asentamiento ubicado en el barrio Pirayuí se brindó apoyo al proyecto de Ley presentado por la diputada provincial Sonia López que insta a la Emergencia Habitacional en la Provincia y declara de utilidad pública y sujeto a expropiación los terrenos ocupados.



“Debemos desarrollar solidaridad porque es una lucha conjunta entre gente que necesita viviendas y los trabajadores que queremos que el Invico se reactive”, afirmó el delegado gremial, Juan Arnedo.

“Reiteramos nuestro pedido para que se declara la Emergencia Habitacional en Corrientes y se constituya una Mesa Institucional de la que participen representantes de todos los estamentos del Estado para darle solución al verdadero problema de fondo que es la falta de una política de viviendas en la Provincia”, sostuvo Sonia López.

La iniciativa fue presentada la semana anterior y tomará estado parlamentario en la Cámara de Diputados en la sesión de este miércoles.

Para la diputada provincial es de “suma importancia” al apoyo de los trabajadores del Invico porque en el proyecto de Ley presentado “el Instituto es el ente encargado de realizar un censo entre las familias que ocupan los terrenos a fin de realizar el loteo correspondiente”.

El Invico también sería el encargado de aplicar el sistema de recupero planteado en caso de que prospere la iniciativa.

De la asamblea participaron unas 50 personas, entre trabajadores del Invico y delegados del asentamiento que se sitúa en el barrio Pirayuí.

También estuvo presente el asesor legal de los ocupantes, Miguel Soto quien apoyó la propuesta de realizar un nuevo relevamiento y buscar otro tipo de mediación porque “la actual es judicial y responde a una demanda penal realizada por una de las partes interviniente en el conflicto”, sostuvo el también secretario de la Asociación Penitenciaria Policial Organizada (APPOLO).

Según los trabajadores del Invico “hay que hacer un nuevo relevamiento que contenga a ambas partes porque el censo que se realizó es judicial y trata a los ocupantes como usurpadores”. “Hay que realizar un censo social”, sugirieron.

“Necesitamos ayuda para dar el debate público que haga contrapeso a la demonización que esta siendo sujeta la figura de expropiación”, advirtió Sonia López, quien agregó que “es algo que se hace con frecuencia y que sirvió para, por ejemplo, ampliar el cardiológico”.

Con respecto a la crisis habitacional, el delegado gremial de Invico, Juan Arnedo pidió que “la Provincia vuelva a gestionar los planes nacionales y reactive otros como el programa de Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua (EPAM)”.

Por su parte, los delegados de los asentamientos solicitaron se intensifique la ayuda que necesitan para subsistir en el lugar, como ser la instalación de baños químicos y una carpa sanitaria, además de donaciones de leche, alimentos, ropas, etc.


Martes, 24 de julio de 2012