De esta forma, el Gobierno no esperó la respuesta a los dos escritos presentados por la Procuración del Tesoro para que se suspenda el fallo.


La Procuración del Tesoro presentó dos escritos ante el juzgado de Loretta Preska para suspender el fallo condenatorio que obliga al Estado argentino a pagar US$ 16.000 por el proceso de nacionalización de YPF con la entrega del 51% de la compañía. Sin embargo, no esperó la respuesta de la magistrada y apeló el fallo.

Fuentes oficiales indicaron a Clarín: "Argentina acaba de iniciar hace minutos el proceso formal de apelación a la orden dictada por Preska la semana pasada requiriendo la entrega de las acciones de YPF. En paralelo a ello, se encuentra pendiente la decisión de la jueza sobre el pedido de suspensión de la medida. Adjunto escritos originales"

Tal como había anticipado el presidente Javier Mieli vía X, el Estado apeló el fallo de la jueza neoyorquina de primera instancia que condenó a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF, como parte del pago de los US$ 16.100 millones de dólares más intereses que le debe al fondo Burford Capital por la expropiación de la empresa.

"Este paso que la Argentina da ahora era esperado en una, dos o tres semanas, no ahora. La teoría dicta que deberían haber esperado a que la jueza Preska diga si acepta o no el pedido de suspensión del fallo, y que diga si tenía o no que depositar una garantía. Pero directamente, el país apeló", subrayó Sebastián Maril, de Latam Advisor y especialista en el tema. Y agregó: "Ahora hay que ver qué dice la jueza y qué dicen los beneficiarios por haber tomado esta decisión".

El plazo impuesto por la magistrada para que el país depositara el 51% de las acciones de YPF en un banco de Nueva York vence el próximo lunes 14 de julio.

De todas formas, Maril aclaró que no es ilegal lo que hizo la Argentina: "Está en todo su derecho, pero quizá podría haber esperado antes a ver qué decía Preska para luego tomar otra decisión".

Para el especialista que sigue en detalle los juicios contra el país en el exterior, planteó que ahora la expectativa pasa por ver cómo reacciona la magistrada y, sobre todo, los demandantes.

Los abogados del país también apelaron ante el mismo tribunal el otro fallo que obliga al país a entregar acciones de la petrolera al fondo Bainbridge para pagar la sentencia por US$ 95 millones por la deuda en default de 2001. Y hay otro fondo el Attestor Master que quiere tomar posesión de las acciones.

Otro especialista, el prestigioso abogado experto en derecho financiero y egresado de Harvard Sebastián Soler escribió vía X: "Más allá de esta notificación, la jueza Preska todavía debe resolver si aceptará el pedido de la Argentina de suspender los efectos de su orden hasta que la Cámara resuelva la apelación. Y si Preska lo deniega, Argentina también apelará ese rechazo". Y al respecto concluyó: "Bottom line: más temprano o más tarde, será la Cámara la que resuelva si confirma o revoca: 1) la sentencia de primera instancia de Preska, que condenó a la Argentina a pagar US$ 16.100 millones por no hacer la OPA, y 2) la orden de Preska de que Argentina entregue sus acciones de YPF en pago de esa indemnización".

La Argentina, paso a paso
Lo primero que hizo la Argentina después del fallo histórico de la semana pasada, en el cual la jueza de Nueva York Loretta Preska dispuso que el país debe entregar su 51% de YPF a los fondos Burford Capital e Eton Park, fue presentar un pedido para que se suspenda la sentencia hasta que no se resuelva la apelación, que finalmente se presentó este jueves 10 de julio.

A su vez, lo primero que hicieron esos fondos, que demandaron al país por la estatización de la petrolera, fue oponerse con sendas presentaciones a la solicitud local. Lo mismo hizo el fondo Bainbridge, que tiene una demanda aparte, por el default de 2001, pero a quien la jueza también le otorgó acciones de YPF.

En respuesta, el martes a la noche, el Gobierno envió al juzgado dos escritos contra los argumentos de los fondos, a la espera de que Preska dé su opinión sobre la suspensión. Javier Milei dijo ayer que “el fallo no tiene aplicación en Argentina porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir”.

Burford adquirió los derechos para litigar que tenía el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, dueña del 25% de YPF al momento de su expropiación. La demanda se basa en que, según los propios estatutos de la empresa, cuando Argentina se quedó con el 51% que era de la española Repsol tendría que haber lanzado una oferta por todas las acciones, incluidas las de Petersen.

Según aseguraron desde la Procuración, en el escrito de Petersen/Eton se cita y acompaña la transcripción traducida de la conferencia del gobernador Axel Kicillof de la semana pasada, “quien continúa entorpeciendo y empeorando la posición argentina”.

Los argumentos del escrito que presentó Argentina en el caso de Burford e Eton son los siguientes:

Naturaleza excepcional del caso y cuestiones legales sin resolver: no se trata de una disputa comercial ordinaria, sino de un caso sin precedentes con un fallo de US$ 16.100 millones, aún apelado, que plantea cuestiones jurídicas complejas, sobre las cuales incluso el gobierno de Estados Unidos discrepa con la decisión del tribunal.
Daño irreparable e imposibilidad legal de cumplimiento: la ejecución de la orden de turnover (entregar el 51% de las acciones de YPF) obligaría a Argentina a violar su propia legislación que impide ceder acciones de YPF sin aprobación del Congreso, y perder el control sobre la petrolera de forma irreversible.
Ausencia de perjuicio para los demandantes y fuerte interés público en mantener el statu quo: los demandantes no sufrirían daños por la suspensión del fallo, ya que el país no puede vender acciones de YPF sin pasar por el Congreso. La ejecución inmediata podría afectar a terceros no involucrados.



Jueves, 10 de julio de 2025