Solo 6 expositores de los 11 inscriptos asistieron a realizar sus planteos ante los concejales que tratan el tema, aunque de los 17 miembros del cuerpo, solo concurrieron 8, incluida la presidenta Miriam Coronel.



Solo 6 expositores se presentaron ayer a la audiencia pública en el Concejo Deliberante. Acercaron propuestas para optimizar el sistema.
Empresarios, vecinos y representantes de los usuarios propusieron ayer, en audiencia pública, una serie de cambios al proyecto que promueve el intendente Carlos Mauricio Camau Espínola para rescindir el contrato municipal con la Dirección Provincial de Energía de Corrientes. Solo 6 expositores de los 11 inscriptos asistieron a realizar sus planteos ante los concejales que tratan el tema, aunque de los 17 miembros del cuerpo, solo concurrieron 8, incluida la presidenta Miriam Coronel.
Disertaron Diego Francisco Arrabal Silva, Clemente Ramón Ledesma, Carlos Alberto Vassallo, Nelson Fernando Veas Oyarzo, Héctor Rodríguez Salas y Mónica Dalila Martina, mientras que los concejales presentes fueron José Ramírez Alegre (UCR), Agustín Payes (PJ), José Luis Gálvez (FpV), Ataliva Laprovitta (FpV), Luis Delgado (FpV), Eduardo Tassano (UCR), Gabriel Romero (FAP) y la presidenta del cuerpo. Justo Estoup (PJ) se incorporó minutos antes de finalizar el encuentro.
El proyecto es estudiado por las comisiones de Obras, Hacienda y Legislación y la primera lectura fue aprobada en mayo. A través del mismo, la Municipalidad pide el retorno del cobro al municipio debido a las deudas impagas que tendría la DPEC con la Comuna. Para ello, propone modificar el artículo N° 106 del Código Fiscal y el artículo N° 8 de la Ordenanza Tarifaria.
El asesor del Centro de Ingenieros, Héctor Rodríguez Salas, sugirió que el cobro del servicio de alumbrado público debería efectivizarse por metro lineal y por capacidad de la lámpara, a fin de lograr que también los usuarios ilegales aporten al impuesto.
En ese sentido, advirtió que “más de 40.000 usuarios” tendrían conexiones irregulares y dijo que sería oportuna la consulta a organismos técnicos como la Universidad Nacional del Nordeste, porque el proyecto carece de detalles esenciales vinculados con el presupuesto, la infraestructura y las deudas cruzadas entre las instituciones a las que involucra la iniciativa.
Por su parte, los empresarios piden pagar la misma tarifa que los vecinos comunes. En la audiencia estuvieron representados por el referente de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), Carlos Alberto Vassallo.
Solicitaron que no se los diferencie de los vecinos a partir del pseudo concepto de que tenemos mayor capacidad contributiva. “La ordenanza dice que va a tributar un 25% del CSP (Contribución por Servicios a la Propiedad) el vecino y un 75% el que tenga actividad comercial, no entendemos esa discriminación y pedimos que sea analizada en profundidad”, remarcó Vassallo al finalizar la ponencia ante los concejales. En tanto, vecinos pidieron mayores controles y mejor servicio en los barrios.
El concejal Payes valoró el aporte de quienes acercaron propuestas en cuanto a la metodología de cálculo porque según indicó, ese será el desafío hacia adelante.
La presidenta Miriam Coronel se comprometió a enviar una devolución a cada uno de los oradores en el plazo de 30 días.

Martes, 12 de junio de 2012