Las autoridades de estas entidades pidieron rechazar la iniciativa que se encuentra en el ámbito del Senado, y cuyo “debate” se adelantó en la Cámara Baja debido a la inquietud planteada desde distintas localidades. Se desarrolló así, una especie de asamblea ciudadana, donde todos tuvieron la oportunidad de expresarse.




Quedó en claro además del NO rotundo, el repudio por dicha presentación.





“Avasallamiento, atropello, castigo, ley de muerte digna, violación constitucional” fueron algunos de los términos empleados por los presidentes de Asociaciones Vecinales de Saneamiento Ambiental (AVESA) de distintas localidades de la provincia que mantuvieron una importante reunión con la casi totalidad de Diputados de la provincia, quienes se convocaron en el Recinto a fin de escuchar opiniones acerca del proyecto de Ley –autoría del Poder Ejecutivo- de transferencia del servicio de agua y cloaca a las municipalidades.

Vale mencionar que este encuentro –o asamblea ciudadana- fue decidido en la última sesión de la Cámara Baja, a la vez que se aprobó un pedido de informes sobre dicha iniciativa que si bien se halla en análisis en el ámbito del Senado, hace varias semanas provocó la movilización de muchos legisladores.

Al respecto, el diputado Ramón Simón al momento de hacer uso de la palabra recordó que junto a su par Omar Yung, hace más de un mes, conversaron al respecto con el mismo Gobernador de la Provincia, quien le señaló su predisposición para “mejorar el texto envíado”.

En la apertura del debate, el presidente del cuerpo Pedro Cassani remarcó la importancia de la “participación” y la trascendencia para el futuro cercano. “Esta es la democracia participativa, que tanto pregonamos; y la que siempre debe reinar”, sentenció.

Algunos de los puntos explicados por los dirigentes vecinales, estuvieron referidos a: el buen funcionamiento de estas entidades –en algunos casos con fondos de superávit-, las dudas sobre el destino de los trabajadores que ven peligrar su fuente laboral con esta normativa, la posibilidad de que el servicio “se politice” al ser manejados por las administraciones comunales, y el posiblemente “encarecimiento” del costo del vital líquido.

Admitieron, los oradores que “es cierto que hay localidades donde las asociaciones tienen problemas, lo cual –aseguraron- se puede resolver por otras vías”.

La conclusión final, quizá,se refleje en el pedido realizado por el representante de Mburucuyá Carlos Balmaceda, quien dijo: “presenten más bien, una ley para proteger a las asociaciones civiles de Corrientes” en el convencimiento de que sus autoridades “no mezclan las políticas partidarias cuando de necesidades básicas de la población se trata”.

En su mayoría estas asociaciones tienen 40 años de existencia, creciendo día a día desde su nacimiento gracias al acompañamiento de los vecinos, hecho que se vuelca en beneficios (agua) a hospitales, escuelas, comisarías, y otros establecimientos; según lo relatado.

“Básicamente no entendemos porqué se quiere matar lo que está bien. Nos premian con un certificado de defunción. Y estamos muy vivos para que nos apliquen la Ley de Muerte Digna”, enfatizó Diocles Balladares de Itá Ibaté en su alocución.

Tras las alocuciones de los vecinalistas, algunos diputados hicieron uso de la palabra adelantando posturas. Por el no rotundo se expresaron los diputados Sonia Lopez y Luis Badaracco en representación del Interbloque Frente para al Victoria; y por el “irrestricto análisis” los diputados Ramón Simón (PL) y Sonia Vivas” (UCR).


Miércoles, 23 de mayo de 2012