Por unanimidad, la Cámara de Diputados de Corrientes aprobó un proyecto de Resolución por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial la intervención que garantice la solución pacífica en conflictos legales desatados en un asentamiento ubicado en el barrio San Antonio Oeste y otro que se encuentra en Virgen de los Dolores, ambos en la ciudad de Corrientes.




"Debemos instar a que se respete el derecho constitucional que tiene cada ciudadano a acceder a una vivienda digna", afirmó la diputada Sonia López, autora de la iniciativa.

"Es una situación que se repite con mayor frecuencia en los grandes conglomerados urbanos de la Provincia debido al bajo nivel de construcción de viviendas que registra Corrientes", sostuvo Sonia López al justificar el proyecto de su autoría que consiguió el acompañamiento de toda la Cámara Baja ante la mirada de medio centenar de vecinos de los asentamientos en cuestión.

La resolución solicita al Poder Ejecutivo que tome las medidas necesarias para impedir el desalojo violento del asentamiento nuevo del Barrio San Antonio Oeste de la Ciudad de Corrientes, e insta al cumplimiento de la cláusula constitucional de acceso a la vivienda digna.

A la vez, pide también al Ejecutivo provincial que realice los mecanismos necesarios para la salvaguarda de los ocupantes efectivos del Barrio Virgen de los Dolores de la Ciudad de Corrientes para el acceso a una vivienda digna en el mismo terreno que poseen de manera pacífica hace más de 20 años.

Sonia López agradeció "el acompañamiento" de todos los bloques para aprobar sobre tablas este proyecto que "pretende una intervención del Estado provincial,no desde el punto de vista jurídico legal, sino desde un acompañamiento social y de asesoramiento gratuito para que estas familias puedan acceder a sus viviendas con los respectivos títulos de propiedad".

El proyecto se basa en el Artículo 63 de la Constitución Provincial, en el cual el Estado considera la tierra como instrumento de producción, evitando la especulación, el desarraigo y la conformación de latifundios improductivos; a la vez que sostiene que el acceso a la propiedad constituye un derecho para todos los habitantes de conformidad con la ley.

Según se describe en el expediente, las 50 familias que tomaron un terreno en el barrio San Antonio Oeste para construir sus hogares, en la mayoría de los casos, solicitó en alguna oportunidad viviendas al INVICO, "es decir se trata de familias que tienen la intención de aportar mensualmente para la consecución de una propiedad".

"Es irracional que el Estado niegue el acceso a las viviendas a personas que realizan todos los pasos previos de tipo administrativo para solicitarlas", afirmó Sonia López, quien agregó que "no se justifica que los propietarios que abandonan tierras improductivas desalojen violentamente a estas familias que verdaderamente necesitan y hacen uso de los terrenos que, de otra manera, permanecerían simplemente vacíos".

En el caso de Virgen de los Dolores, el asentamiento data de hace 15 a 20 años en la mayoría de los casos,con un barrio ya construido con edificaciones de material que no pueden acceder a los servicios básicos de energía eléctrica y agua corriente por la consideración de insuficiencia de titulo jurídico de propiedad, aunque de hecho ejercen la posesión y la titularidad efectiva.

"Es sabido que la población en los centros urbanos de Corrientes crece geométricamente por la migración del campo a la ciudad, y por ello es necesario contar con políticas inclusivas del Estado para planificar este temática y contener los inconvenientes que la misma genera", finalizó la autora del proyecto.

Jueves, 14 de junio de 2012