Son los abogados Nicolás Guzmán y Enrique Arce que representaron a Carlos Kirchner, primo del ex presidente.
La Justicia les confirmó ese monto pero Vialidad lo rechaza.

Carlos Kirchner, primo del ex presidente y familiar político de la ex presidenta, integra el reducido listado de personas que fueron absueltas en el caso Vialidad. Por ese motivo, sus abogados en el marco de la demanda civil que el Estado le inició a Cristina Kirchner y a los demás condenados por daños y perjuicios, reclamaron que se les regulen los honorarios y reclaman unos $ 500 millones por sus trabajos de defensa.

La Justicia les fijó ese monto, pero el gobierno de Javier Milei, a través de Vialidad Nacional, se opuso a esa decisión, al monto aplicado y apeló ante el tribunal.

Los abogados que defendieron al primo Kirchner son Enrique Arce y Nicolás Guzmán. El pedido para cobrar sus honorarios lo hicieron luego de que la Justicia confirmara la condena del caso Vialidad y la absolución de Carlos Kirchner.

Durante doce años, el ex funcionario fue titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal. El fiscal general Diego Luciani quien durante sus alegatos pidió una pena de dos años de prisión para Carlos Kirchner por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sí bien había sido enviado a juicio bajo la acusación de administración fraudulenta y asociación ilícita, a lo largo del debate oral el Ministerio Público Fiscal sostuvo que no encontró pruebas para sostener las imputaciones y sólo le atribuyó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo a la hora de dictar sentencia, los jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) lo absolvieron bajo la convicción de que la acusación estaba prescripta.

Previo al inicio del juicio oral, el juez federal Julián Ercolini que tuvo a su cargo el expediente, ordenó la detención de Carlos Kirchner al entender que su comportamiento respondía al de posible obstrucción de la investigación. El ex funcionario había movido dinero de sus cuentas cuando regía una inhibición de bienes y también, proporcionó domicilios falsos. El Tribunal de juicio lo liberó al señalar que los riesgos procesales ya no estaban vigentes.

En el momento en el que la absolución quedó firme, los abogados pidieron la regulación de honorarios en el marco de la demanda por daños y perjuicio que tramita en el fuero Civil y Comercial.

Dicha demanda civil se inició durante el gobierno de Mauricio Macri contra Cristina Kirchner y todos los involucrados en la maniobra defraudatoria que se concretó alrededor de las 51 licitaciones viales que, sistemáticamente y de forma irregular, le fueron adjudicadas a Lázaro Báez.

En el marco de ese expediente, el 17 de junio se notificó a todas las partes de una resolución judicial que sostiene: “Atendiendo al mérito, eficacia y extensión de la labor profesional durante la primera etapa procesal, el monto involucrado y tomando como base regulatoria el monto que razonablemente pudiera corresponder de prosperar la presente acción, regulo los honorarios provisorios a los letrados apoderados del codemandado Carlos Santiago Kirchner, Dres. Enrique Alberto Arce y Nicolás Guzmán, en 6364 UMA ($449.992.076)”.

El juez Marcelo Bruno Dos Santos resolvió así, la regulación de honorarios pero el gobierno a través del responsable letrado de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Saenz Urquiza, se opuso a la decisión. Apeló ese fallo por “prematuros y altos dichos honorarios regulados”.

Para Vialidad, es el propio organismo el damnificado y no debería abonar ese monto el monto. Y considera que "los sujetos responsables de la acción “se encuentran estrechamente vinculados a la causa penal y que cuanto menos funda el derecho a reclamar en el marco de la mencionada causa”.

El recurso de apelación fue concedido por el juez Dos Santos y ahora, será la Cámara de Apelaciones del fuero Civil y Comercial la que deberá resolver la discusión.

El origen del reclamo económico
Cuando inició el juicio contra Cristina y Lázaro Báez en la justicia penal, la cifra global por las 51 licitaciones adjudicadas ascendía a 46.000 millones de pesos. Pero cuando el TOF 2 los condenó, dijo que la defraudación fue de 85.000 millones de pesos.

“Ese monto es el resultado de la suma total de las actualizaciones practicadas con relación a cada uno de los valores nominales al momento en que se verificó la diferencia de costo, ajustada mediante el índice de precios al consumidor, pues se procuró preservar el valor real del monto obtenido”, fundamentaron los jueces.

Se señaló al respecto que se determinaron dos ámbitos claramente mensurables en relación al perjuicio económico ocasionado. “El primero consiste en la diferencia entre los montos fijados por el Estado al confeccionar el pliego para la realización de una obra y el precio finalmente contratado”. Esto, comprendieron los magistrados, “producto de la concurrencia cartelizada al proceso licitatorio”.

El segundo concepto en base al cual se determinó el perjuicio económico a la administración pública “está dado por la existencia de sobreprecios en, al menos, tres de las cinco obras viales peritadas”. La pericia oficial habló de 170 a 220 millones de dólares sólo en ese universo de rutas analizadas, como un modus operandi.

Con estos criterios y cifras actualizadas, la demanda civil cuenta con más fundamentos. El gobierno de Javier Milei pedirá que una vez que se actualice el decomiso en el caso Vialidad, tarea que realizan los peritos contables de la Corte Suprema, también se fije un nuevo valor en la demanda civil.


Jueves, 10 de julio de 2025