El economista y abogado Ataliva Laprovitta advirtió sobre las graves consecuencias que traerá para las provincias el cierre de organismos como la Dirección Nacional de Vialidad, la CNRT y la Agencia de Seguridad Vial.

El Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Javier Milei esta semana provocó un nuevo temblor en la estructura estatal. El DNU dispone el cierre o modificación de 100 organismos, entre ellos la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. También transforma en agencia a la Junta de Seguridad en el Transporte.

En diálogo con Radio Sudamericana, el economista y abogado Ataliva Laprovitta analizó las implicancias de esta medida. “Esto va a generar un mayor deterioro de la infraestructura vial y un impacto muy negativo en las provincias. Particularmente en Corrientes, donde rutas como la 12, la 14, la 123 o la 119 ya muestran signos graves de abandono”, señaló.

También cuestionó el argumento oficial de ineficiencia con el que se justifica el cierre de organismos: “Después de un año y medio de desfinanciamiento, cualquier ente se vuelve ineficiente. Vialidad fue vaciada presupuestariamente antes de ser eliminada”.

“Una fragmentación peligrosa”
Uno de los principales riesgos que planteó Laprovita es la desaparición de una autoridad técnica nacional que garantice estándares de mantenimiento y construcción en la red vial. “Se genera un vacío institucional y una ambigüedad en la gestión. ¿Quién va a controlar las obras? ¿Quién va a fijar los criterios técnicos?”, se preguntó.

También criticó la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial. “Se trata de un organismo clave en la coordinación entre nación, provincias y municipios para reducir siniestros viales. Su cierre pone en riesgo vidas”.

Federalismo en retroceso
Laprovitta denunció un “avance del unitarismo” y una “debilitación del federalismo”. “Hoy el gobierno central se reserva el manejo de los corredores viales y las concesiones, pero no transfiere recursos a las provincias. Se descentralizan responsabilidades sin descentralizar fondos”, alertó.

Según explicó, solo el 30% de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales serán concesionados. “Eso deja 30.000 km sin mantenimiento claro, lo que provocará un deterioro acelerado y mayores costos logísticos. En Corrientes, esto afecta directamente a actividades como el transporte de arroz, madera y ganado”.

Impacto económico y social
Laprovitta anticipó un encarecimiento del transporte y un golpe a la competitividad de las economías regionales. “No es solo infraestructura: es actividad económica, producción y servicios lo que se va a resentir”.

Por último, se preguntó qué ocurrirá con el impuesto a los combustibles, que tiene como destino legal la infraestructura vial. “Si se elimina Vialidad, ¿por qué seguir cobrándolo? ¿Van a coparticiparlo o lo van a usar para otro fin?”, cuestionó.

Miércoles, 9 de julio de 2025