Lo citó el juez Sebastián Casanello para ampliar la indagatoria y definir si lo procesa.


Alberto Fernández regresó a los tribunales federales de Comodoro Py este viernes al mediodía para ampliar su declaración indagatoria en la causa en la que se encuentra imputado por presuntos hechos de corrupción en la causa Seguros. Tras declarar ante el juez Sebastián Casanello, insistió en su inocencia y volvió a explicar el circuito administrativo de las contrataciones con Nación Seguros SA, por más de $ 3.000 millones que están bajo investigación.

La primera vez que declaró ante el anterior juez Julián Ercolini, presentó un escrito de descargo, hizo una declaración vinculada con su controvertido decreto que obligó a los organismos públicos a contratar pólizas con Nación Seguros y la participación de intermediarios, negó vinculación con la maniobra y no respondió preguntas.

En aquella ocasión el ex presidente fue indagado en el marco del expediente que analizó los 45 contratos que organismos estatales firmaron con Nación Seguros y en los que intermediaron 25 brokers. Fernández está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles. Además, serán indagados Héctor Martínez Sosa quien se quedó con el 42% de los contratos y su esposa, la exsecretaria presidencial María Cantero.

Bajo la representación legal de la abogada Mariana Barbitta, el ex mandatario pidió volver a declarar ante Sebastián Casanello el nuevo magistrado frente al expediente después de que finalizó la subrogancia que ejerció Ercolini.

Este jueves la Sala II de la Cámara Federal porteña instó a Casanello a que resuelva con celeridad la situación procesal de todos los imputados: fueron indagados pero aún no se determinó si serán procesados, o no.

Antes de conocerse ese fallo, el magistrado ya había citado a Fernández a una ampliación de indagatoria.

Alberto Fernández volvió a sostener su inocencia ante la imputación por administración fraudulenta que pesa sobre él. Después de una extensa exposición respecto a la industria de los seguros, sostuvo que su decisión respondió a una “política de Estado”, para así alejarse de la acusación que lo coloca a la cabeza del entramado de presunta corrupción.

Uno de los puntos en discusión en este expediente es el Decreto 823/2021 a través del cual se obligó a todos los organismos del Estado a contratar a Nación Seguros SA. Eso habilitó, sostiene la imputación, que se intervengan los brokers de Seguros siendo uno de los más beneficiados, Héctor Martínez Sosa -amigo del entonces Presidente-.

Un concepto que reitera Alberto Fernández es que con ese decreto “se terminó la cartelización en la República Argentina”. Junto con ello, hay otro planteo que volverá a exponer: Nunca tuvo intervención en los contratos que se firmaron con Nación Seguros y que terminaron beneficiando a los brokers, principalmente, a su amigo Héctor Martínez Sosa.

Habiendo transcurrido más de seis meses desde aquella declaración y habiéndose incorporado algunas evidencias "ninguna en contra del ex Jefe de Estado el Dr. Alberto Fernández se sintió en la necesidad de ampliar su declaración, para ser oído por un Juez imparcial e insistir con la producción de pruebas que él ofreció en su indagatoria y que jamás se diligenciaron", informó la abogada Barbitta.

En este sentido la defensa sostuvo que "con argumentos y datos objetivos su absoluta ajenidad con el hecho investigado". En este sentido dijo que la imputación que recae contra del ex Presidente "no es clara, precisa, ni circunstanciada, pero además, el supuesto accionar ilícito consistiría en la firma del Decreto Nro. 823/2021, que lejos de direccionar la comisión de algún delito, buscaba evitar y disminuir la intervención de terceros que pudieran poner en riesgo el patrimonio estatal".

En el escrito se planteó que Alberto Fernández "no participó jamás de ninguna maniobra tendiente a perjudicar el patrimonio estatal, todo lo contrario, buscó protegerlo".

Bajo estos lineamientos y en el marco de esta nueva indagatoria, volvió a dejar un escrito pero accedió responder preguntas del juzgado y de la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo.

Ante el magistrado y el representante del Ministerio Público Fiscal, el ex Presidenta solicitó una extensa batería de medidas de prueba. Declaraciones testimoniales como la de la ex Secretaria Legal y Técnica de su gobierno, Vilma Ibarra, el ex ministro Martín Guzmán, entre otros.

La defensa del Decreto
Alberto Fernández ante el juez Casanello y el fiscal Rívolo, realizó una defensa del Decreto cuestionando. Sostuvo la legalidad del mismo señalando que respondía a una política pública “que no permitía la cartelización”.

En total el gobierno de Alberto Fernández pagó 3.453.302.777 pesos por los 45 contratos bajo investigación. Esos contratos, fueron resultado sostiene la causa, “del direccionamiento efectuado por los funcionarios interesados”, pero se ponderó que especialmente todo redundó en beneficio de Héctor Martínez Sosa, cuya esposa María Cantero “poseía un lugar de privilegio, dado que era secretaria histórica de Alberto Fernández, luego devenida en secretaría presidencial) y sin que existieran procesos de selección alguno”.

En su descargo, buscando correrse de la imputación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, el ex Jefe de Estado indicó que hasta la firma del controvertido decreto 823/2021 "el Estado se aseguró con empresas privadas con intermediarios en un sistema que favoreció la cartelización del sistema asegurador y los más espurios negocios".

Las empresas de seguros -consideró- se "repartían las entidades a asegurar entre si, simulaban licitaciones, y además, usaban productores de seguros. Lo que quiero significar es que es una práctica desde hace muchos años que los bienes de los Estados provinciales se aseguren con empresas del estado provincial. Creo que la que más peso tenía en el Estado Nacional era Provincia Seguros".

Cuando se refirió a la firma del decreto cuestionado en esta causa, Alberto Fernández dijo que buscaban "generar la mejor sinergia entre los recursos públicos. El Estado tenía una empresa de seguros que operaba en el mercado como cualquier otra, y pensamos que ésa era la mejor forma de optimizar los recursos, en lugar de pagarle a empresas privadas, podíamos direccionar esos recursos a una aseguradora que los dirigía al Banco de la Nación, para mejorar la existencia crediticia".

Justificando su decisión manifestó, nuevamente, que cuando asumió la presidencia prácticamente todos los seguros que se tomaban se reaseguraban en el exterior. "Y eso generaba una salida de divisas insostenible para las condiciones económicas que teníamos".

El amigo presidencial
Una vez más en sede judicial, Alberto Fernández sostuvo que no realizó ningún tipo de gestión a favor a Héctor Martínez Sosa, su amigo broker y señalado como uno de los más beneficiados con la maniobra bajo investigación. No sólo lo defendió, sino que también justificó una serie de Facturas incorporadas a la causa que lo relacionan con el broker.

Según el informe de la PROCELAC el ex presidente facturó a la empresa de Martínez Sosa por $4.257.000. En su escrito dijo que se trataba de pagos relacionados "un informe de la coyuntura política y económica que se confeccionaba para diversos clientes”.

Héctor Horacio Martínez Sosa, indica la causa, “aparece vinculado a los siguientes intermediarios, con un total de 2.297.820.134,36 pesos o 68,3% del universo de comisiones de la maniobra, equivalentes a su vez al 59,6% liquidados por Nación Seguros a todos los intermediarios por todas las pólizas emitidas a entes estatales entre el 10 de diciembre de 2019 y el 09 de diciembre de 2023.

“Independientemente de mi vínculo con el Sr. Martínez Sosa, considero relevante reiterar que me era imposible conocer sí desde Nación Seguros S.A o desde un organismo estatal, se consideraba útil o conveniente la contratación del Sr. Martínez Sosa, o de cualquier otra empresa proveedora de un coaseguro que permita o busque la distribución de riesgos”, añadió Fernández en defensa de su amigo.

Al continuar argumentando este punto, dijo que “cada organismo estatal se mueve con autonomía en la toma de decisiones y tiene su propia gerencia de administración, en la que seleccionan los servicios que necesitan”, es decir, como Presidente de la Nación, “no tenía ninguna injerencia en ese sentido, sino que por el contrario, había una clara lejanía funcional”.

En la primera ocasión que declaró y defendiendo al broker que se hizo del 42% de los contratos, el expresidente dijo que en sus cuatro años de mandato “no creo haberlo visto o haber hablado con él más de cuatro o cinco veces, y siempre hablamos de cuestiones sociales, nunca de cuestiones de su negocio, que desconozco. No creo que sea delito conocerlo”.

La imputación
La primera de las piezas que se colocaron en la acusación que pesa sobre Fernández es un Decreto, el 823/2021. Fue el puntapié inicial del expediente penal que, fuera de la Casa Rosada, le valió la primera imputación por posibles hechos de corrupción.

A criterio de los investigadores, ese decreto “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”. Es uno de los ejes principales del expediente que instruye el juez Ercolini y sobre el cual deberá responder Fernández.

El juez responsabilizó a las 39 personas llamadas a indagatoria de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”.

Para ello, varios de los nombrados, -detalló el magistrado- “con la connivencia de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas co aseguradoras por parte de ésta”.

Al analizar estos elementos, el juzgado sostuvo que la maniobra habría requerido de la “intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”.

Sábado, 5 de julio de 2025