Los legisladores deberían avanzar durante esta semana con el prototipo enviado por el Ejecutivo provincial. Una mejor conectividad en todo el territorio es lo que persigue la constitución de esta sociedad estatal.



La Cámara de Diputados de la Provincia comienza a analizar el proyecto enviado por el Ejecutivo para la creación de la empresa de comunicaciones que tendrá un 60% de participación estatal y un 40 %, privada, en pos de mejorar la capacidad de conectividad en el territorio provincial.
Corrientes Telecomunicaciones Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem) es la empresa que impulsa la Provincia para la prestación de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, comunicación audiovisual y de tecnologías de la información.
El proyecto se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales, órgano que está compuesto por los diputados provinciales Manuel Aguirre (UCR), Lucía Centurión (ELI), Marcelo Chaín (ECO), Eugenia Mancini (ECO) y José Mórtola (PJ), y es la que en los próximos días deberá estar analizándola. No se descarta que allí se realicen modificaciones a fin de encuadrarla de la mejor manera desde lo normativo, para que no tenga escollos en la Cámara alta, adonde deberá pasar una vez que se le dé la media sanción.
Con esta iniciativa, el Gobierno pretende optimizar todo los que tenga ver con telecomunicaciones, en especial con lo que representa el anillo provincial que le provea de señal a todo el territorio, en el marco del proceso de industrialización y desarrollo turístico que pretende la gestión que encabeza el gobernador Gustavo Valdés.
Cuando desde el Gobierno provincial hablan de conectividad no solo incluye lo que tiene que ver con Internet, sino también abarca la red de fibra óptica y las comunicaciones celulares, que desde la gestión entienden es un paso necesario en cuanto a la modernización del Estado sobre la que se hace énfasis.
El diputado provincial Eduardo Vischi se había referido a esta iniciativa señalando que se trata de “una obra de gran inversión”, asegurando que “en un futuro la provincia va a tener una importante cobertura en fibra óptica y que a va a poder utilizar para administrar, mantener,para negociar y asociarse al sector privado, lo que tiene un gran valor ya que se necesita una empresa que trabaje en ese sentido”.
La idea es que la misma pueda convertirse en proveedora de Internet mayorista, como las experiencias que tienen Chaco, Formosa y Misiones, que fueron beneficiadas con las obras de infraestructura necesaria a partir de Arsat, la firma de tecnología creada por el kirchnerismo, para avanzar en la conexión de la Nación. Penosamente, Corrientes quedó excluida de esa situación por los caprichos políticos sobre los que basamentó su política la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Por intermedio del proyecto que se encuentra en la Cámara de Diputados el Estado provincial no podrá tener una participación inferior al 60% de capital social. Además, los integrantes del sector privado podrán incorporarse mediante licitación pública, normado por la Ley N° 5571, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control, Contrataciones y Administración de los Bienes del Sector Público Provincial.
El Gobierno pretende avanzar con un organismo que tenga funciones y estructuras similares a las que tiene la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), nada más que en esta oportunidad también existe la posibilidad de que capitales privados puedan tener participación. Tener un organismo que distribuya Internet por parte del Estado provincial es necesario, ya que de esta manera se abriría una arista importante para ser la que venda de forma mayorista, a los privados que quieran distribuirlas por ejemplo Internet.
Asimismo se busca modificar la matriz instaurada de que solo las firmas privadas se encargan del desarrollo de las telecomunicaciones en todo el país, y darle una nueva impronta al rol que debe tener el Estado en cuestiones comerciales del sector privado.

Lunes, 2 de julio de 2018