El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Iván Kerr, explicó que la irregularidad, en el caso del Municipio correntino, es más grave porque se informó que las obras “estaban avanzadas” y no hay nada construido.



El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Iván Kerr, confirmó las irregularidades constatadas en el predio donde la administración del intendente de Fabián Ríos (FPV) certificó un porcentaje falso de avance en la construcción de casas.
El funcionario nacional comparó el hecho de la Capital, denunciado en el programa La cornisa, con el caso de Perugorría, donde esa Comuna recibió 25 millones de pesos para obras que no ejecutó o lo hizo de forma parcial. “Tuvimos un accionar parecido (al caso de Perugorría), donde verificamos que el dinero estaba adelantado, pero en este caso peor, porque se reenvía como que la obra estaba hecha y finalizada y no lo estaba, y quien termina haciendo la denuncia penal correspondiente es la propia Oficina Anticorrupción”, dijo Kerr.
“Esta realidad nosotros la tenemos todos los días. Ahora es novedad porque salió en todos los medios, pero las acciones que hemos hecho en el marco de esta obra las hemos tenido meses atrás y hemos obrado de acuerdo a lo que nos indica la ley y procedimientos”, indicó en declaraciones a radio Continental.
“Tenemos un convenio firmado del año 2015 para la construcción de 200 viviendas por parte de la Municipalidad de Corrientes”, explicó.
“En el marco del cronograma de auditorías, hacemos inspecciones de obras y verificamos, en febrero, que efectivamente el avance de esa obra era de 0%, al momento que nosotros fuimos e inspeccionamos”, aseguró.
“Frente a eso, hicimos, como marca el procedimiento, las denuncias correspondientes y obviamente para que también se haga el descargo y el ente ejecutor, en este caso el Municipio de Corrientes, dé cuenta de lo que ha sucedido”, sostuvo.
“El Municipio todavía no ha contestado”, dijo y agregó que, “como marca el procedimiento, hemos girado las actuaciones a la Dirección de Legales del Ministerio del Interior, de la cual depende la Subsecretaría de Vivienda a mi cargo; y también, de acuerdo con lo que marca la ley, le giramos las actuaciones a la Oficina Anticorrupción para que también dicte las medidas que correspondan”.
“Lo que dice en los convenios que firmó en su momento el propio intendente con la gestión (nacional) anterior, es que si hay una irregularidad en la rendición del dinero que el Estado nacional transfiere, hay que parar con esa transferencia de dinero hasta tanto se aclare, si no yo podría estar firmando hoy un nuevo certificado de pago para esta obra cuando en realidad hay una observación que declarar”, explicó.
“Desde el momento que interviene la Dirección de Legales del Ministerio y así lo dictamina, se dejan de enviar los fondos”, indicó.
“Tenemos la obligación de auditar y si encontramos irregularidades, remitirlas. Ellos son quienes finalmente resuelven y nos dicen y en este caso se ha resuelto elevar las actuaciones a la Justicia y dejar sin efecto los pagos”, agregó.
“El Municipio tiene dinero anticipado para ejecutar la obra, si está esperando un financiamiento adicional para hacer unas obras complementarias, esto en ningún momento debería imposibilitar que cumpla con el plan de trabajo porque este plan lo presentó el propio Municipio y cobró el dinero para ello”, analizó.
“Tampoco se condice que el Municipio diga o denuncie que el avance de la obra es en un porcentaje determinado, en este caso era del 6%, y que nosotros verifiquemos que en realidad el avance es 0%”, dijo.
“En nuestra verificación vemos que no hay avance y, a dos años de firmado el convenio, con el dinero transferido, figura obviamente esta irregularidad, que vale la pena entonces aclarar. De lo contrario, con el dinero transferido y sin avances en la obra, ninguna de las dos partes vamos a poder ejecutar bien el contrato”, sostuvo.
“En general, los plazos para estas obras son de 18 meses, y en este caso pasaron 24 meses y hay un avance de 0%. Estamos lejos de cumplir con la curva trazada y eso se trasluce en un perjuicio para el Estado nacional porque obviamente la obra ahora va a salir más, si se hubiera ejecutado en tiempo y forma, el dinero hubiese sido otro”, remarcó Kerr.
“Hemos elevado alrededor de 61 auditorías con irregularidades en lo que va de los últimos meses de obras en todo el país”, indicó el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación .

Martes, 9 de mayo de 2017