Contestaron la decisión de un juez de Nevada, que obliga a varias compañías a revelar datos de cuentas que estarían vinculadas con el matrimonio Kirchner. Las 123 firmas presuntamente vinculadas al empresario Lázaro Báez se negaron a brindar información que los fondos buitres habían solicitado y que un juez del estado norteamericano Nevada autorizó en el marco de un proceso de discovery (o "descubrimiento" de activos). A través de un escrito presentado el lunes, el abogado que representa a estas sociedades, Jason Wiley, sostuvo que sus clientes no disponen de la documentación que está buscando el fondo NML sobre compra de propiedades o cuentas bancarias, y exigió que sea sancionado, publicó hoy el diario Clarín.


El 11 de agosto pasado el juez Cam Farenbach avaló el requerimiento de NML, y ordenó a las 123 empresas apuntadas a proveer dos tipos de documentos. Por un lado, aquellos relacionados con transferencia de fondos y de propiedades desde el 1 de enero del 2010 desde o hacia Argentina de las 123 empresas. Por el otro, los que establecen conexión con la investigación del fiscal José María Campagnoli sobre Báez, y que permitan mostrar quienes son los dueños de las empresas y de las personas autorizadas a dar instrucciones.

Wiley, sin embargo, apeló este dictámen y consideró que los datos solicitados por NML están estrechamente vinculados con la investigación de Campagnoli. Argumentó que el fiscal nunca pudo demostrar que Baez o la compañía suiza Helvetic Services transfirieron dinero de Argentina a las 123 empresas como tampoco si hay algún tipo de relación entre Baez o Helvetic Services y las compañías apuntadas.

Helvetic fue la compradora de SGI ("La Rosadita"), sociedad que se usó en las operaciones financieras sospechosas por la que salieron 55 millones de euros del país en el 2011 y cuyo origen estaría asociado a dinero a contratos de obra pública.

Además, Wiley planteó que algunas de esas 123 empresas no tienen relación alguna con la Argentina, y acusó a NML de "haber obtenido los acuerdos de operaciones de 17 de las 123 empresas y de no haberlo revelado ante la Corte hasta último momento", difundió el matutino.

Según el abogado, de estos acuerdos sólo uno, "el de Estrivela LLC está relacionado con el pedido de información de NML", y concluyó que NML debe ser sancionada porque el pedido de información supone "un peso y gastos que no están justificados".

El proceso de discovery contra Báez se produce en paralelo al "juicio del siglo" que gestionó el juez Thomas Griesa, quien ordenó a la Argentina a pagar u$s 1.330 millones más punitorios a los holdouts que no ingresaron a los canjes de los bonos defaulteados en la crisis de 2001.


Jueves, 23 de octubre de 2014