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CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS
La Municipalidad de Corrientes vuelve a insistir en el cobro de obras ya realizadas
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Viernes, 11 de julio de 2014

Se hizo una conferencia, encabezada por la viceintendenta Any Pereyra. Aseguraron que la norma es legítima, aunque desde la oposición en el Concejo habían ratificado reiteradamente lo contrario. Pretenden recaudar a como dé lugar.




Luego de casi dos meses de quietud respecto del tema, la gestión de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (MCC), encabezada por Fabián Ríos, volvió a insistir públicamente ayer con la intención de llevar adelante el programa denominado Contribución por Mejoras, una herramienta a través de la cual pretenden que los vecinos de la ciudad paguen por obras públicas que habían sido realizadas durante la gestión anterior, con Carlos Mauricio Camau Espínola como titular del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).
En una conferencia llevada a cabo en el Salón Pocho Roch del edificio municipal, de la que participaron la viceintendenta Ana María Pereyra; el secretario de Economía y Finanzas, Martín Morilla; la secretaria de Coordinación General, Irma Pacayut y el subsecretario de Ingresos Públicos, Eduardo Ascúa; junto a funcionarios y técnicos del DEM, se explicó el mecanismo de aplicación de la Contribución por Mejoras, con la pretensión de generar confiabilidad en los contribuyentes.
Sucede que, pese a que el exintendente Camau había resaltado en diversas ocasiones, consultado por la prensa, que cuando se realizaron –en su gestión– obras de pavimentación y repavimentación, no lo hicieron con el objeto de cobrar por ello a los ciudadanos, actualmente su sucesor, Ríos, insiste en que son los vecinos los que deben financiar esas obras (pese a que ya fueron terminadas y que muchas de ellas ya se encuentran nuevamente en estado de deterioro) con la justificación de que, de esa manera, se podrá implementar “un sistema más equitativo” en lo que a obra pública se refiere.
Entre los argumentos exhibidos ayer, la Municipalidad informó oficialmente que “la normativa se encuentra contemplada en la ordenanza Nº 6066, aprobada recientemente por el Concejo Deliberante capitalino, así como de su antecesora, la ordenanza Nº 1011, incorporada a la Carta Orgánica Municipal reformada en diciembre de 2013”.
No obstante ello, La República había informado en su edición del 28 de mayo y en anteriores, acerca de la inconstitucionalidad de la norma. “Se viola así la ordenanza 6066 en su artículo 4º, modificatorio del artículo 17º, donde se establece que la declaración de utilidad pública se debe hacer sobre las obras a realizarse, lo que claramente indica que es a futuro”, había argumentado oportunamente Hugo Calvano, concejal por la Coalición Cívica, ante este diario. De ese modo, especificó que, por más que se haya modificado la ordenanza, la Comuna no puede cobrar a los vecinos por obras ya hechas, sino que necesaria e indefectiblemente esto se debe aplicar a futuro.
El artículo 4º, modificatorio del 17º de la ordenanza Nº 6066, establece que “el Honorable Concejo Deliberante podrá declarar de utilidad pública las obras a realizarse por parte del Departamento Ejecutivo, con mayoría simple de la totalidad de sus miembros”. Basándose en ello, la oposición insistió en que la norma expresa que la utilidad pública se puede aplicar solo a obras a futuro, y no retrospectivamente.
De todas formas, luego de un lapso de no haberse pronunciado al respecto, los funcionarios del área de Economía del Municipio capitalino volvieron a insistir en la intención de ejecutar la Contribución por Mejoras; ergo, que los vecinos paguen por trabajos ya hechos, luego de haber sufrido diversos reveses judiciales, ante planteos de inconstitucionalidad de la normativa, dado que se la consideró extemporánea, entre otros conceptos. “Recordemos que el cobro que impulsó la Municipalidad en febrero no lo frenó el intendente Ríos, sino la Justicia Civil y Comercial, mediante una medida cautelar de incidencia colectiva que suspendió esta resolución”, recordó Calvano.

LA POLÉMICA “FINALIZACIÓN DE OBRA”
“A través de estas normas, se establece un régimen de recupero para los trabajos de pavimento, repavimento, desagües cloacales, alumbrado público y agua potable ejecutados por la Comuna, que no cuentan con la finalización definitiva de la obra, y hayan sido declaradas de utilidad pública, y por lo tanto de pago obligatorio, a través de la ordenanza Nº 6075”, señalaron desde el Ejecutivo comunal.
Pero, lo que no se recordó, es que la Comuna llevó adelante disímiles trabajos durante 2012 y 2013 que, por más que ya fueron terminados, no cuentan con ese escrito, por lo cual pretenderán cobrarlos, solo con ese argumento. “Una obra es de 2012, una de 2014 y todas las demás son de 2013”, indicó Calvano. “Aproximadamente buscan llegar a cobrar un total de casi 100 millones de pesos”, había recordado.


Viernes, 11 de julio de 2014

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