Hace 4 meses que los productores de San Miguel y Loreto reclaman que vuelva la fundación, tras la transferencia de 3 mil hectáreas al Instituto de Desarrollo Rural. Afirman que encontraron los papeles correspondientes. El Viceintendente de la primera ciudad nombrada se comprometió a gestionar soluciones.


La administración del instituto de promoción rural San Nicolás continúa en el centro de la polémica, a casi cuatro meses del inicio de un largo conflicto con los productores de San Miguel y Loreto.
El artículo 24 de la Ley de Ministerios transfirió el patrimonio total al Instituto de Desarrollo Rural, dependiente del Ministerio de Producción.
Los productores, que aglutinan a poco más de 700 personas, reclaman desde entonces la derogación del artículo, ya que el instituto fue creado en un predio de 3.100 hectáreas, donado con el único objetivo de servir al desarrollo sustentable de los que trabajan la tierra.
Por su parte, las autoridades provinciales aseguran que el instituto siempre perteneció al Estado y que la normativa sólo implica un mero cambio organizativo.
Ahora, los productores advierten que tienen documentación probatoria que indica lo contrario, tal cual adelantaron a EL LIBERTADOR.

GESTIONES

Según el productor Antonio Lezcano, el miércoles a la noche se reunieron representantes de la Asociación Departamental de Pequeños Productores de San Miguel y la Asociación de Productores de Loreto, parte del Gabinete de Loreto y el ex intendente y actual vice de San Miguel, José María De Jesús.
"Queremos que los campos vuelvan a la fundación para seguir con los objetivos por los que fue creada", explicó sobre el espíritu de la asamblea.
Por su parte, De Jesús se comprometió a investigar sobre el conflicto y gestionar alguna solución.
Recordó que el viejo estatuto estipulaba la participación de los municipios de San Miguel y Loreto en la Comisión Directiva, pero en la práctica nunca tuvieron espacio hasta ahora.
"Los productores tienen un inconveniente con la Provincia y vamos a brindarles todo el apoyo", explicó.
De Jesús asegura que el instituto no pertenecía al Estado antes de la Ley de Ministerios, contrastando con las declaraciones que el interventor Alfredo Vara emitió a este mismo medio el año pasado.

PRÓXIMOS PASOS

"El Estado provincial no tiene ninguna documentación que acredite la pertenencia de los terrenos", aseveró Lezcano.
Por el contrario, Vara había afirmado que la primera la ley de creación del instituto establece que su propiedad es del Estado y que los productores beneficiados pueden participar en la Comisión Directiva.
Con la documentación en mano y un equipo de tres abogados, Lezcano adelantó que en menos de dos semanas se llamará a una segunda asamblea en condición de fundación. "Los papeles siguen apareciendo y estamos trabajando con los abogados", aclaró.

Hitos del conflicto

A fines del año pasado, los productores de San Miguel, Loreto y Chavarría presentaron pedidos formales de rechazo a la nueva normativa en la Cámara de Diputados y se movilizaron frente a Casa de Gobierno y por las calles del casco céntrico.
En ese entonces, EL LIBERTADOR cuestionó al interventor del instituto San Nicolás, Alfredo Vara, sobre el conflicto en ciernes. El funcionario explicó que el instituto fue y es del Estado y que la polémica ley acarrearía más beneficios a los productores.
Luego, los productores mantuvieron sucesivos encuentros con funcionarios provinciales, incluyendo al mismo Vara. "Dijo que se iban a realizar más encuentros y que se conformaría una nueva Comisión Directiva con todos los sectores involucrados, pero eso nunca pasó", disparó el productor Antonio Lezcano.


Viernes, 4 de abril de 2014