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ACLARÓ EL PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO
Valdés dijo que derribar un avión narco “no es pena de muerte”
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Martes, 19 de noviembre de 2013

El ministro de Gobierno aclaró que el protocolo del procedimiento incluye 10 pasos previos. “Hay que defenderse de quienes vulneran nuestro espacio aéreo”, dijo. La exministra Garré opina que la ley de derribo es “inconstitucional”.




El ministro de Gobierno, Gustavo Valdés, criticó hoy a la Nación por haber “perdido iniciativa” en materia de lucha contra el narcotráfico y consideró que la ley de derribo que impulsan algunos legisladores de la oposición “no es pena de muerte; estamos defendiéndonos de quien vulnera nuestro espacio aéreo”.
Valdés, que este mediodía recibió su diploma de diputado nacional en el Juzgado Federal de Corrientes, junto con Perica Semhan y Carlos Rubín, recordó que, “mucho antes de que los obispos reclamaran por el narcotráfico”, el Gobierno correntino había denunciado cuando la Nación “se llevaba a la Gendarmería y la Prefectura. De la zona de Ituzaingó y Santo Tomé se llevaron 250 efectivos. En Santo Tomé prácticamente había un aeropuerto clandestino. Hay que rever la política de lucha contra el narco”, afirmó.
“No hay secretario de políticas contra las drogas a nivel nacional, es un gobierno que ha perdido iniciativa en materia de lucha contra el narco y de seguridad interior. Hay que tomar las medidas de seguridad necesarias”, dijo el diputado nacional electo, que asumirá el 10 de diciembre en el Congreso, en declaraciones a la prensa antes del acto de entrega de diplomas.
Respecto de la ley de derribo, aclaró que “hay un protocolo muy claro que dice cómo deben realizarse las advertencias, si no hoy la frontera no tiene control” y explicó que “no es que, si no atiende la radio, directamente se produce el derribo. Hay como 10 pasos antes, señas, disparos de advertencia y demás”.
Justamente hoy, en un artículo que publica el diario Página 12, la exministra de Defensa Nilda Garré sostiene que la ley de derribo que algunos dirigentes de la oposición impulsan es “inconstitucional”, ya que que se trata de “una ejecución sumaria sin forma de juicio, la aplicación deliberada de la pena de muerte a quienes continúan amparados por la presunción de inocencia derivada del artículo 18 de la Constitución nacional”.


Martes, 19 de noviembre de 2013

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