Publio Hernán Mejía fue condenado por el asesinato de al menos 18 personas en connivencia con los paramilitares. Ejecutaban a jóvenes y los presentaban como "caídos en combate". Un tribunal de Colombia condenó hoy a 19 años y medio de cárcel a un coronel retirado del Ejército por su responsabilidad en varios casos de ejecuciones, algunas de ellas en una base que comandaba, presentadas como de guerrillros muertos en combate. La sentencia fue dictada por el Juzgado Sexto Especializado de Bogotá, que concluyó que Publio Hernán Mejía está comprometido en la ejecución de al menos 18 personas y además tuvo vínculos con grupos paramilitares de ultraderecha.


"Con los 'falsos positivos' los militares buscaban el reconocimiento de sus superiores y premios"
Las personas ejecutadas fueron mostradas como integrantes de las guerrillas de las FARC y el ELN, pero el tribunal probó que las víctimas eran entregadas al Ejército por los propios paramilitares, consignaron las agencias EFE y Prensa Latina.

"Las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia, paramilitares) les entregaban personas, una que otra integrante de la guerrilla y otras de las AUC que habían vulnerado las reglas y que, como sanción, se les quitaba la vida", argumentó la Fiscalía en el proceso.

Según el órgano investigador y acusador de la Justicia colombiana, varias de esas personas fueron acribilladas en las instalaciones del Batallón La Popa, ubicado en Valledupar, capital del caribeño departamento de Cesar, del que Mejía fue comandante hasta 2007, cuando fue retirado del servicio activo por las denuncias en su contra.

Algunos testigos relataron durante el juicio que en la sede de ese batallón se dieron encuentros entre oficiales del Ejército y jefes de las AUC como Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", con el objetivo de "acordar compromisos de cooperación".

"Jorge 40" y otros ex jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos en 2008 bajo cargos de narcotráfico.

Investigaciones efectuadas por la Fiscalía por ejecuciones conocidas en 2008 concluyeron que dentro del Ejército operó una red dedicada a buscar a jóvenes para usarlos como "carne de cañón", con el objetivo de ejecutarlos y mostrarlos como guerrilleros caídos en combate.

Se presume que con esos casos que la prensa llamó de "falsos positivos" los militares buscaban el reconocimiento de sus superiores y "premios" como días de descanso.

Según cifras oficiales, estos casos dejaron más de 3.000 víctimas en Colombia y al menos 1.622 investigaciones que involucran a casi 4.000 miembros de la fuerza pública.

Martes, 10 de septiembre de 2013