Dos personas de esta ciudad demandaron penalmente al intendente Carlos Espínola, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. La presentación recae también en otros funcionarios.



Vecinos de la capital presentaron una nueva denuncia penal contra el intendente Carlos Mauricio Camau Espínola, el funcionario Martín Barrionuevo, en el cargo que ejerció anteriormente de subsecretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, y otros funcionarios comunales. En la presentación, denuncian “graves incumplimientos” de las funciones de control y la inobservancia en el cumplimiento de las leyes que regulan el ejercicio de la actividad profesional de la construcción de obras.
Los denunciantes están patrocinados por la abogada Laura Olivera, la misma que ya denunció por similares supuestos delitos a los funcionarios tras el derrumbe que provocó la muerte de 8 obreros de la construcción.
En virtud de la tragedia que tuvo lugar en marzo de 2012 en el edificio de la calle San Martín 652, que costó la vida de ocho obreros de la construcción, en carácter de vecinos linderos, los denunciantes manifestaron ante la Justicia su “legítimo temor y el riesgo ante la falta de garantías, por vivir al lado de un edificio construido merced a la omisión de los deberes de los órganos de contralor”.
Son cinco los edificios denunciados –informó el sitio Corrientesaldia.info– que están construidos, según la presentación judicial, “en violación a la Constitución Nacional (artículo 41) y Constitución de la Provincia de Corrientes (Artículo 49), Código Civil, Código de Planeamiento Urbano, Código de Edificación, reglamentos y ordenanzas vigentes, y aún así han sido registrados los planos por la autoridad competente”.
En su escrito, apelaron también al incumplimiento de las propias resoluciones y ordenanzas que se dictaron para el cumplimiento y contralor de las obras de construcción que se llevan a cabo en la ciudad, artículo 82 de la Carta Orgánica Municipal, en cuanto al manual de funciones que contemple todos los cargos de gobierno y sus dependencias.
Según indicaron, “todos los funcionarios denunciados estaban en pleno conocimiento de la comisión de los delitos que se llevaban a cabo en las dependencias de la oficina de Obras Particulares, y aún así no los denunciaron (artículo 180 Código Procesal Penal)”.
Los vecinos temen por el riesgo del posible colapso de las estructuras, en virtud de que estos edificios fueron calculados para un proyecto determinado, en aparente concordancia y cumplimiento de las normas vigentes, registran los planos para construir una superficie declarada acorde con la ley y se les concede el permiso de edificación, y con posterioridad, incumplen el proyecto y emplazan “varios pisos más, construyen una superficie superior al 40% por sobre la superficie construida autorizada en virtud del permiso y el proyecto presentados”.
“Es evidente la carga diferencial en la que se exceden, esto es el incremento de altura, volumen y cargas verticales que ponen en riesgo la estabilidad y resistencia de la estructura de hormigón armado”, señalan en la presentación judicial.
Las denunciantes aseguran que de esta manera se expone la seguridad pública y la vida de las personas, en especial “de quienes habitamos bajo estos monstruos que no respetaron distancias exigidas por ley, ni retiros de medianera, ni retiros de altura, intersección de vistas, violando así el derecho a la intimidad. Estas restricciones al dominio son impuestas en virtud del orden público protegido y las garantías de seguridad a las propiedades linderas y la violación de las mismas constituye un hecho ilícito punible”.
“Este sistema fue factible por el incumplimiento, la omisión de los deberes y las funciones específicas por parte de los funcionarios obligados por ley en virtud del código de edificación a ejercer el poder de policía municipal sobre las acciones, omisiones y obras en las cuestiones de su competencia y garantizar el control del cumplimiento de las normas vigentes en materia de planeamiento urbano, de edificación y aplicar la sanción ante las reiteradas violaciones a la ley”, aseguran en su presentación judicial.

INCUMPLIMIENTO
5 planteos
Los vecinos denuncian a los funcionarios por irregularidades en el emplazamiento de los denominados edificio Rhaiza, ubicado en la avenida Torres de Vera y Aragón 1452; edificio Belgrano Office, de Belgrano 2384; edificio Irvin, de Belgrano 1671; edificio Dadiva, ubicado en Belgrano 2359; edificio San Martín 652. Aseguran que “estos funcionarios no controlaban que lo proyectado sea conforme a la ley” y que no realizaban los controles pertinentes a las distintas etapas de ejecución de la construcción, “tampoco aplicaban las sanciones a los profesionales. Por lo que había un sistema que operaba para permitir la ilegalidad, a partir de la no aplicación y cumplimiento de funciones específicamente detalladas en la resolución Nº 1515/06”. Para los denunciantes, los funcionarios debían impedir que las construcciones se realicen en violación a las normas previstas en el Código de Edificación y Código de Planeamiento.


Martes, 20 de agosto de 2013