La Unión Nacional de Periodistas, Fundamedios, la Sociedad Interamericana de Prensa, Human Rights Watch y el Comité para la Protección de los Periodistas, rechazaron la norma. La polémica Ley de Comunicación aprobada en Ecuador entró en vigor este martes 25 de junio, tras su publicación en el Registro Oficial, el libro de leyes del Estado.La normativa, que la oposición la califica de "mordaza", fue ratificada el pasado viernes por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, luego de haber pasado por el parlamento.






La Ley de Comunicación había sido aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 14 de junio, con el apoyo del oficialista Alianza País, el movimiento político de Rafael Correa, que ocupa 100 de los 137 escaños del Parlamento unicameral ecuatoriano.



La normativa incluye la figura del "linchamiento mediático", que se produce por medio de la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas.



La ley también crea la Superintendencia de Información y Comunicación, que se encargará de la "vigilancia, auditoría, intervención y control" y tendrá capacidad sancionadora sobre la actuación de medios de comunicación.



Asimismo, se instituye el Consejo de Regulación de Medios, que tendrá atribuciones en materia de acceso a la información, contenidos y franjas horarias, elaboración de reglamentos y de informes para la adjudicación de frecuencias, entre otras competencias.



El Gobierno justifica la ley por considerar que permitirá regular los supuestos "abusos" de la prensa, mientras que para la oposición y algunos gremios periodísticos es una "mordaza" que limitará la libertad de expresión en el país.



La Unión Nacional de Periodistas (UNP) y la organización no gubernamental Fundamedios, así como entidades internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Human Rights Watch (HRW) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) han criticado la ley.



Correa, que ha mantenido un frecuente pulso con algunos sectores de la prensa, ha defendido la normativa como un instrumento que "busca una prensa libre e independiente, que informe y comunique, no que defienda intereses privados".

Miércoles, 26 de junio de 2013