El Tribunal Oral en lo Criminal Federal condenó el jueves a una pareja por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Es la primera sentencia en Corrientes desde que se aprobó la Ley Nacional Nº 27.364.
Desde la Red Infancia Robada si bien celebraron la medida judicial, a la cual consideraron un paso importante, explicaron que aún “falta un largo camino por desandar”.
Desde 2003 la organización civil trabaja con víctimas de trata en el país y en la localidad de Goya mantienen un refugio que funciona sin ayuda oficial. Además, impulsó junto a otras ONG la tipificación del delito en una ley nacional.
En 2008 el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 27.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Por primera vez se contaba con una estructura jurídica que permitiría combatir el delito, cuya principal zona de captación es el Norte Argentino, entre ellos, Corrientes. “La primera condena es un progreso, pero no podemos dejar de decir que es insuficiente”, manifestó a El Litoral el referente de la Red Infancia Robada, Hermindo González. “Tenemos la ley desde 2008 y estamos en 2013 en una zona de captación de víctimas”, añadió.
El abogado señaló que esta situación “no es casual”. En primer lugar, apuntó hacia el fuero provincial donde pese a “existir indicios de un delito de trata”, según detalló el profesional, “los jueces de competencia provincial lo tipifican como otros delitos”. Estos pueden ser rapto, violación o fuga de menores.
González, a su vez, señaló la “falta de interés de las fuerzas de seguridad” tanto local como federal. “Hay locales nocturnos que siguen funcionando. Los operativos dan con escasos resultados”, ejemplificó. También indicó que las medidas de prevención no son suficientes en los controles camineros ya que no se indagaría en la identidad de los ocupantes de los vehículos.
De igual modo sucede con el transporte público. En la venta de pasajes, por ejemplo, no se constanta que el DNI sea el de la persona que lo acredita. “Así encontramos a una menor de Paraje Chilecito (Corrientes) en La Rioja”, recordó. En cuanto a la condena en suelo correntino, el letrado consideró que “no estuvieron en el banquillo todos los integrantes” de la cadena de responsabilidades. El profesional explicó que la ley castiga tanto al captador, como a quien ofrece.
Otro de los pendientes, según detalló el profesional, es que “no existe una casa de contención de las víctimas”. Si bien funciona una en Goya, ésta es financiada por organizaciones civiles. Los funcionarios también pueden solicitar la ayuda de un gabinete nacional “pero para eso deben ponerse en contacto a nivel nacional”, señaló.
“En Goya contenemos a las víctimas sin apoyo oficial. Es estrictamente sostenida por la red. Si las víctimas son extranjeras hacemos los trámites migratorios correspondientes”, sostuvo González.
“Tenemos la primera condena, pero aún mantenemos el alerta porque las bandas continúan operando”, aseveró el letrado. En 2012 la ley nacional contra la trata fue modificada a pedido de organizaciones civiles. Sin embargo, resta introducir un cambio y es el de condenar a los clientes. “Si no existiera demanda, no se traccionaría la cadena”, manifestó el abogado. Y señaló que el último punto a modificar es la “cultura avasallante contra la mujer”.
Lunes, 20 de mayo de 2013
