El Concejo Deliberante aprobó anoche la ordenanza que afecta los terrenos al dominio público municipal. Ingresó un proyecto sobre declaraciones juradas. El capítulo polémico giró en torno a un pedido de informe sobre la adquisición de los zootropos, y una acusación mediática a uno de los integrantes del cuerpo.
En la sesión de anoche del Concejo Deliberante, se avanzó con un nuevo proyecto vinculado al predio de Santa Catalina. En esta oportunidad, convirtieron en ordenanza la propuesta de declarar estos terrenos de dominio público de la Comuna capitalina.
El autor de la iniciativa, el edil Ataliva Laprovitta, explicó que la declaración de dominio público representa un resguardo sobre cualquier eventual acción, “forma parte del proyecto estratégico”, indicó, además de nombrar la cesión de hectáreas para el fideicomiso Procrear y también lo que refiere a la creación del futuro parque industrial.
Durante la sesión, se produjo además un fuerte cruce entre dos concejales por presuntas acusaciones vinculadas a la compra de los zootropos.
La polémica comenzó cuando el edil Justo Estoup (FPV) se refirió al proyecto de resolución presentado por su par Javier Sáez (PP), con el fin de conocer detalles sobre la licitación pública que permitió la adquisición de los zootropos, en beneficio de los carreros.
“Me han involucrado”, aseguró Estoup, para además señalar que da la cara y lamenta que se hable sin fundamentos.
“Esto me afecta como concejal y a mi familia”, dijo, en relación a una acusación mediática hecha por concejales de la oposición, a través de un medio local, donde se habla de una supuesta vinculación y venta directa de los zootropos, de una agencia que es propiedad del padre del edil.
Seguidamente presentó la resolución municipal donde consta la licitación pública y reclamó que se investigue. Al final exhortó al concejal Javier Sáez (PP) que pida disculpas.
El edil del Partido Popular defendió el pedido de informe: “Existen dudas y el Ejecutivo tiene que responder. Lo que cuentan son los papeles”, aseveró, y también dijo que no tiene problemas con pedir disculpas, cuando todo se esclarezca.
El edil Ramírez Alegre (UCR) pidió que se gire a la comisión de Asuntos Constitucionales, sin embargo, después de un acalorado cuarto intermedio durante el cual Estoup y Sáez discutieron a viva voz, se resolvió aprobar el proyecto en cuestión.
Asimismo, ingresó y pasó a la comisión de Legislación, el proyecto de ordenanza impulsado por el concejal José Luis Gálvez (FPV) que establece la presentación de la declaración jurada por parte de funcionarios municipales, concejales y juez de falta, y también de sus cónyuges.
Viernes, 3 de mayo de 2013
