Amílcar Nelson Serial y Josefa Raquel Milán deberán abonar una millonaria multa, según la decisión de la Justicia. Ambos abogados correntinos tramitaron unas 53 acciones con un total de 12.674 beneficiarios, especificaron.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) sancionó a dos abogados del foro local que tramitaban ante juzgados provinciales causas contra organismos federales. Se trata de Amílcar Nelson Serial y Josefa Raquel Milán, quienes impulsaban los cuestionados amparos de personal de las fuerzas de seguridad que terminaron con juicios políticos a dos magistrados.
La sanción disciplinaria que dispuso la Corte Provincial en la Resolución N°1039 a los abogados Amílcar Nelson Serial y Josefa Raquel Milán corresponde al 50 por ciento del salario de un Juez de Cámara. Además, determinó como responsabilidad patrimonial, por la actuación profesional de ambos la suma de 1.278.000 pesos, monto estimado en virtud del perjuicio fiscal que causaron al interponer recursos de amparo ante la Justicia de Santo Tomé omitiendo el pago de la tasa de justicia correspondiente.
“El Poder Judicial distrajo -en beneficio de los profesionales- tiempo, papelería, recursos materiales y humanos, para atender amparos ilegítimamente planteados”, aseguraron desde el STJ. Remarcaron también que la tasa de justicia es un tributo que conforma los recursos financieros del Poder Judicial y pesa sobre quien inicia las actuaciones la carga de afrontar el pago. Los abogados, según consta en los expedientes, tramitaron 53 acciones con un total de 12.674 beneficiarios.
En cuanto a la responsabilidad penal de Serial y Milán, el STJ indicó que su conducta podría merecer una calificación delictuosa, por lo que remitieron los antecedentes a la Fiscalía General para que dé intervención al Fiscal de Instrucción que corresponda. Se indicó además que esa dependencia deberá vincular la investigación penal con las que ya fueron promovidas contra los ex jueces Graciela Beatriz Duarte y Humberto Camilo De Biase Echevarría.
Copia de la resolución fue enviada al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados, para que evalúe la conducta ética de los profesionales; y a la Administración Federal de Ingresos Públicos, en virtud del probable incremento patrimonial de los dos profesionales.
Cabe señalar que la defensa de Serial y Milán argumentó defectos de la imputación por ausencia de acusación precisa y consecuentemente, lesión de la garantía de la defensa en juicio. Pero los ministros de la Corte consideraron que de la simple lectura de la Resolución Nº12/12 surgían con claridad los hechos que constituyeron la base de la acusación a los profesionales, al punto que el mismo abogado defensor reconoce expresamente que “específicamente, el tema de la imputación sería la promoción de acciones de amparo contra el Estado Federal, que tramitaran por ante dicho Tribunal local”.
La Corte provincial señaló que ya se había sancionado e investigado la conducta de los jueces que entendieron en las causas, sabiendo que son los magistrados son quienes deben poner los límites y comportarse como garantes del fiel cumplimiento del debido proceso en el juicio, pero sostuvo que “también correspondía examinar el comportamiento de los abogados que fomentaron las causas”.
El STJ constató en la investigación administrativa una proliferación de acciones de amparo promovidos por ambos abogados ante la justicia Civil y Comercial de Santo Tomé, derivada de una práctica profesional ilegítima, en razón de una dirección letrada con ánimo de provocar un perjuicio serio al Estado nacional más que defender los intereses de sus clientes.
Martes, 18 de diciembre de 2012
