El presidente de la Corte provincial condenó las protestas contra la cuestionada magistrada Josefina González Cabañas. Mientras, los tres acusados de instigar a la violencia evitaron la exposición pública por temor a ser detenidos.


El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Rubín, repudió ayer la movilización y el escrache a la jueza Josefina González Cabañas, en el marco de una marcha de familiares de los obreros muertos en la obra de San Martín 652. En tanto, los acusados –dos abogadas y el tío de un obrero fallecido– esperan que el Juzgado en lo Correccional Nº 2 les otorgue la eximición de prisión, para luego presentarse ante la Justicia a dar su testimonio sobre los hechos. Reiteraron que “hubo infiltrados” en la movilización y que se intenta convertirlos en victimarios, cuando en realidad, solo reclaman justicia.
“Condeno no solo el hecho violento del escrache sino el alzamiento contra unos de los poderes del Estado. O se respetan los poderes constituidos, o directamente caemos en una anarquía”, expresó ayer Rubín en Radio Dos. Las pintadas tuvieron lugar el pasado 22 de agosto, cuando familiares de los obreros muertos en el derrumbe trágico del 22 de marzo se manifestaban frente a la casa de imputados y la jueza González Cabañas, que les concedió la libertad el 4 de abril.
“Son actos violentos que significan una presión indebida a los jueces, y más en este caso en el que la jueza nada tiene que ver”, agregó el titular del STJ.
“Un juez nunca debe dejarse presionar, debe hacer lo que su conciencia y formación jurídica le impone. Pese a quien le pese”, dijo Rubín, para quien los escraches son actos violentos que significan una presión indebida a los jueces.
“La sociedad no puede funcionar si no tiene un mínimo de orden; y ese orden se debe mantenerse en el respeto de los poderes gobiernos, o sino caemos en la anarquía”, agregó.
Los denunciados por el fiscal Buenaventura Duarte fueron Laura Olivera, abogada denunciante en casos de obras irregulares; la abogada Yeni Szotkovsky de Zarabozo, vecina damnificada por los daños de la obra de la tragedia, y Silvio Urbina, tío del obrero Diego Rodríguez, muerto en el derrumbe.
El juez en lo Correccional Nº 2, Luis Cocchia Breard, accedió al planteo y libró órdenes de detención y allanamiento por supuestas amenazas, daños y lesiones reiteradas en concurso real.

Martes, 28 de agosto de 2012