La Argentina y Uruguay ingresaron ayer en la antesala de un nuevo escenario de tensión diplomática tras la decisión de la Cancillería de "suspender nuevas actuaciones" relacionadas con el contrato para el dragado del canal binacional Martín García.
Lo dispuso hasta que Montevideo "se sienta totalmente satisfecho de haber aclarado sus dudas" respecto de los procesos de licitación previos de esas obras, que fueron puestos bajo sospecha de sobornos en una auditoría del Tribunal de Cuentas de Uruguay.


En la práctica esto significará que Uruguay no podrá avanzar en lo inmediato con las obras de profundización del canal Martín García que le permitan tener un puerto para barcos de gran calado, lo que es considerado una prioridad por ese país.
Desde el plano diplomático, la suspensión del llamado a licitación de las obras puso las relaciones entre ambos países en una situación complicada. La Cancillería destacó que pretendía darle a Montevideo "toda la libertad y apoyo necesarios [...] para resolver esas dudas antes de tomar nuevas decisiones que puedan ser sospechadas".
Es decir, que si el gobierno del presidente José Mujica resuelve avanzar con la investigación por las supuestas irregularidades en el proceso de licitación internacional del dragado, no podrá esperar de la Argentina avances en las obras de ampliación del canal.
Anoche, el gobierno uruguayo reaccionó con una fuerte declaración oficial, en la que rechazó la suspensión unilateral, exigió una negociación urgente y respaldó al Tribunal de Cuentas.
Un encumbrado funcionario del gobierno uruguayo calificó la decisión de la Argentina como "un chantaje" y adelantó que anoche no se descartaba en Montevideo la idea de que, como contrapartida, el Senado uruguayo frene la aprobación de un tratado de información tributaria. Este acuerdo internacional fue muy requerido por la administración de Cristina Kirchner para perseguir a evasores argentinos en Uruguay.
Funcionarios de ambas cancillerías coincidieron ayer al sostener que el conflicto recuerda las tensiones vividas durante el caso Botnia: la larga disputa por la papelera de Finlandia que instaló una planta en Fray Bentos (Uruguay) y que provocó un fuerte rechazo entre los habitantes de Gualeguaychú, Entre Ríos. El dragado del canal Martín García es una obra binacional que preveía un desembolso de 180 millones de dólares durante 10 años y es esencial para el futuro de la economía de Uruguay.
Anteayer, el Tribunal de Cuentas uruguayo consideró que hay "dudas" sobre la regularidad de los procedimientos para extender el contrato de mantenimiento del dragado e indicó que Uruguay debe evaluar la posibilidad de denunciar el caso en la Justicia, según difundió la cancillería uruguaya.
Como respuesta a eso, la cancillería argentina ayer emitió un comunicado en el que no sólo resolvió suspender los llamados a licitación para las obras en el canal Martín García sino que exigió a Uruguay que aclare por qué los auditores uruguayos mencionaron "información reservada dispuesta por el artículo 9 inc. B de la ley 18.381" para sustentar sus acusaciones cuando la Argentina "no ha tenido acceso" a esos datos.
El canciller Héctor Timerman sustentó buena parte de su decisión de suspender las obras en el Río de la Plata en el informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que sostiene que no hay irregularidades en la extensión del contrato para dragar el canal Martín García. La Cancillería había cuestionado la auditoría del Tribunal de Cuentas y sugirió una intencionalidad en sus resultados. Para la auditoría uruguaya la posición de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) "dilatando la discusión de temas importantes" facilitó la posición de la empresa Riovia, "tanto en lo relativo a mantener el vínculo como en relación con el precio pretendido para extenderlo".
El actual representante argentino en la CARP, Hernán Orduna, se negó a hablar ayer con LA NACION. "Sólo puedo decir que hablen con prensa de la Cancillería", dijo. En el área de prensa nadie respondió las llamadas.
PEDIDO JUDICIAL
Tampoco contestó las inquietudes de LA NACION la directora de la Consejería Legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti, que es la encargada de remitir los pedidos que hizo la justicia argentina a Uruguay, por medio del juez federal Claudio Bonadio, para que declaren en la causa el ex embajador uruguayo en Buenos Aires Francisco Bustillo y el actual canciller, Luis Almagro.
Según confirmaron fuentes diplomáticas de Montevideo, hasta anoche la cancillería argentina no había remitido el pedido del juez que investiga si el diplomático Roberto García Moritán intercedió para que la empresa Boskalis, a cargo de las obras de dragado, le ofreciera una coima el ex embajador Bustillo con el supuesto objetivo de lograr que Riovia (de Boskalis) se quedara con las obras de profundización del dragado del canal Martín García.
Ayer, el comunicado de la Cancillería expresó también que el Tribunal de Cuentas de Uruguay en su trabajo "contradice lo expresado por el canciller Luis Almagro el 12 de junio en la Cámara de Senadores del Uruguay, cuando afirmó: «Quiero decir que, tal como ha señalado el señor embajador Bustillo, no hay en ellas nada para denunciar ni que involucre actuación delictiva -ni siquiera en grado de tentativa- por parte de los funcionarios argentinos»".
En todo caso, Almagro tendrá la oportunidad de aclarar algunos de estos puntos en una interpelación que protagonizará hoy en el Senado uruguayo. El canciller uruguayo concurrirá allí para explicar la decisión de Mujica de incorporar a Venezuela al Mercosur sin consultar a Paraguay. Pero la oposición uruguaya ayer advirtió que seguramente éste será un tema "secundario", ya que se preparan para cuestionar a Almagro por los alcances del nuevo conflicto con la Argentina.
ANTES
• Primer comunicado
El martes, la cancillería argentina desestimó que existieran sospechas de Uruguay en el contrato del dragado.
• Contra la prensa
Acusó a LA NACION y a Clarín de incurrir en "imprecisiones e inexactitudes".
DESPUÉS
• Suspensión del proceso
Ante la publicación completa del informe uruguayo, la Cancillería decidió ayer suspender el proceso del dragado.
• Contra Uruguay
Un segundo comunicado menciona las dudas y sospechas expresadas por Uruguay.



Jueves, 26 de julio de 2012