El líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (Mijd), Raúl Castells, acompañado por delegados de los okupas del barrio Pirayuí y la diputada provincial por el Partido Comunista, Sonia López, presentó ayer en la Cámara de Diputados de la Provincia un proyecto para declarar de utilidad pública, sujeto a expropiación, las 32 hectáreas tomadas en forma ilegal en los barrios Pirayuí y Fray José de la Quintana.
Se presentó en la Legislatura el proyecto que declara de utilidad pública las hectáreas tomadas. La emergencia habitacional se gestionará en el Congreso. Inmobiliarias se defienden de las acusaciones de Fabián Ríos.
El líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (Mijd), Raúl Castells, acompañado por delegados de los okupas del barrio Pirayuí y la diputada provincial por el Partido Comunista, Sonia López, presentó ayer en la Cámara de Diputados de la Provincia un proyecto para declarar de utilidad pública, sujeto a expropiación, las 32 hectáreas tomadas en forma ilegal en los barrios Pirayuí y Fray José de la Quintana.
Son terrenos privados cuyos propietarios –Urbano y Guaraní S. A.– reclaman su restitución. Diversos sectores anticiparon su rechazo a la iniciativa, que no indica cuál sería el origen de los fondos para avanzar en ese sentido. En tanto, Castells anticipó que el lunes ingresará al Congreso de la Nación otro proyecto para declarar la emergencia habitacional en Corrientes.
Una delegación de representantes de los okupas llegaron ayer al mediodía a la Legislatura provincial, acompañados por el dirigente social y la diputada kirchnerista, para presentar un proyecto de declaración de utilidad pública, sujeto a expropiación, cuyo fin es la entrega de los terrenos a los usurpadores. “Estas tierras pasaron a manos del pueblo correntino, estas tierras no se entregan más”, arengó Castells, mientras que los legisladores del oficialismo provincial ya se preguntan de dónde saldrán los fondos para hacer frente a la expropiación.
Asimismo, el lunes ingresaría en el Congreso nacional un proyecto presentado también por el Mijd. El expediente ya estaría avalado por la firma de 15 diputados nacionales y propone la declaración de emergencia habitacional para la provincia de Corrientes.
“El objetivo es que vengan más recursos a las provincias para que haya casa para todos”, indicó Castells, aunque algunos legisladores entendieron que el problema debe resolverse entre la Provincia y la nación, que retiene los fondos establecidos para la construcción de viviendas. Por su parte, usurpadores admitieron que están cometiendo un delito, pero reiteraron que no van a salir de la zona. Fernanda, una de las delegadas de los terrenos tomados, dijo a radio Continental que Castells les leyó el proyecto y les dijo que también pedirá una audiencia con el gobernador Ricardo Colombi. “Sabemos que cometemos un delito. Estamos pacíficamente y no queremos llegar a nada. Pero si nos vienen a agredir, vamos a tener que responder con violencia porque estamos defendiendo nuestro derecho”, señaló.
En otro sentido, advirtió que los propios okupas desalojaron a un grupo de personas que llegó al lugar “por política”. “Unas 20 personas fueron a hacer política porque los mandaron y nosotros mismos los desalojamos. Hay gente que realmente necesita y esa gente vino y se puso cerca de ellos. Los desalojamos porque nos dejan mal parados a todos los que estamos luchando por una casa propia. Vamos a permanecer en el lugar”, sostuvo y dejó entrever que están dispuestos a resistir ante cualquier situación.
Universidad para okupas
En su regreso a Corrientes, Castells inauguró también en la zona del asentamiento un anexo de la Universidad Popular y Escuela de Oficios de su movimiento. Allí funcionaría un espacio de apoyo escolar a los menores que concurren a los establecimientos educativos y funcionaría una escuela de oficio, donde se enseñaría peluquería, carpintería y albañilería en talleres gratuitos.
Presencia judicial
La jueza Norma Beatriz Agrasso de Caballero y la fiscal de turno, Graciela Fernández Contarde, acompañadas por una asesora de menores, recorrieron ayer el predio para tomar conocimiento del estado actual de situación y constatar que se esté cumpliendo la medida de no innovar, dispuesta por la jueza Aromí de Sommer.
En su visita a la zona de conflicto, instruyeron a los efectivos policiales que custodian el lugar para que continúen los controles y sean celosos de la resolución judicial.
Viernes, 20 de julio de 2012