La presencia de usurpadores en la zona es masiva desde hace 11 días. La nueva jueza a cargo de la causa ratificó que no habrá un desalojo violento y que se insiste en un retiro pacífico, pero reiteró que están cometiendo un delito.


La jueza Norma Agraso ratificó ayer que se trabaja en términos pacíficos, con el fin de lograr la desocupación voluntaria de los terrenos privados, y cuyos propietarios ya acreditaron su titularidad ante la Justicia. La presencia de familias en forma ilegal en la zona es masiva desde hace 11 días. Algunos advirtieron que están dispuestos a resistir en el lugar hasta que les entreguen esos terrenos para construir sus casas, mientras que otros admitieron que están en condiciones de pagarlos en cuotas.
“De acá no vamos a salir, este es nuestro lugar”, le dijo ayer un delegado de los okupas al mediador Alejandro Bottini, enviado por el Poder Judicial para interceder en el conflicto. “No nos vamos a mover, que sepa el Gobierno, y los que dicen ser los dueños, que de acá no nos vamos a ir. Este es nuestro lugar, acá está nuestro hogar”, expresó el usurpador en el contacto que tuvieron con el representante judicial.
Frente a ese panorama, la jueza Norma Agrasso de Caballero garantizó que “se extremarán las medidas para llegar a un final feliz”. Debido a la feria judicial, la magistrada tomó el domingo la causa en reemplazo de su par, Gabriela Aromí de Sommer.
En su primer diálogo con la prensa, informó que se dispusieron medidas tales como relevamientos y censos, se enviaron oficios al Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico), y avanza el trabajo de diálogo de los negociadores con los vecinos que coparon terrenos de las empresas Urbano y Guaraní S.A., representadas por Pedro Acosta y Gustavo Ducarsell respectivamente, para poder llegar a un final en el marco de la pacificación, sin desalojo violento.
En tanto, en el transcurso de la semana la jueza recibiría el informe final del censo. “Tratamos de terminar todo con un final feliz”, dijo Agrasso, aunque reiteró que los okupas están cometiendo un delito, el de la usurpación de inmuebles, puesto que los denunciantes ya demostraron con documentos legítimos que son dueños de esos lotes, y en función de esa situación, “nadie puede ocupar porque sí esos lugares”.
Dado que permanecen en el lugar menores de edad y gente con muchas necesidades, en el contexto de la medida de no innovar ordenada por la jueza Aromí de Sommer, la policía permite el ingreso de comidas y bebidas, pero no así el ingreso de nuevos usurpadores.
“El tema es complejo, y todo lleva un tiempo. Hay intereses contrapuestos pero vamos a hacer hasta lo imposible para tener una solución pacífica”, insistió la magistrada.

Miércoles, 18 de julio de 2012