En Córdoba el Ejecutivo presentó a la Legislatura una iniciativa para prohibir los prostíbulos disimulados como clubes nocturnos. En esta parte del país hacen lo propio organizaciones intermedias. Ubican a la zona en el segundo lugar de reclutamiento a nivel país.

Mientras que a nivel nacional la Cámara de Diputados debate la modificación de la Ley 26.364, en Corrientes organizaciones intermedias elaboran un proyecto de Resolución para prohibir el funcionamiento de whiskerías en Capital. En Córdoba, el gobernador, José Manuel de la Sota, presentó una iniciativa a la Legislatura que avanza sobre éste último aspecto.
Hermindo González, representante legal de Infancia Robada indicó a época que la idea es avanzar en una ordenanza que ponga tope al funcionamiento de prostíbulos por el rol degradante que se otorga a las chicas en estos ámbitos. “En primera instancia se apunta a la parte administrativa (por no contar con los requisitos obligatorios de un comercio), pero lo que más nos preocupa es la reducción a la servidumbre de las mujeres en estos espacios”, explicó González.
El letrado analizó que según datos de la Red Infancia Robada Corrientes es la segunda provincia a nivel país en reclutar a personas para la explotación sexual, sin embargo esta instancia no tiene su correlato en la Justicia Federal. “Con las cifras difundidas a nivel país y la cantidad de chicas recuperadas en la zona mediante órdenes de allanamientos llama la atención la ausencia de procesos abiertos en la zona”, resaltó.
“Como organización que trabaja sobre la problemática, tenemos conocimiento de las investigaciones que se llevan al ámbito privado con la figura del rapto o secuestro, por falta de intervención de la Justicia Federal”, agregó González.
Para el abogado, la abolición de la actividad de whiskerías y locales nocturnos favorecerían contrarrestar el proxenetismo y la vejación de las mujeres, que lejos de poseer autonomía “son sometidas a la esclavitud”.
“El paso siguiente será penar al cliente que es el primer eslabón de la cadena y partícipes necesarios de las redes de trata”, resumió.
Es que la lucha contra el flagelo dejó de ser exclusivo de las organizaciones intermedias para perfilarse como una causa nacional y según manifestó días atrás el ministro de Justicia, Julio Alak, sólo en abril se rescataron a 176 personas víctimas de proxenetas.
En la Cámara Baja nacional, se estudia actualmente la modificación de la ley 26.364 que incluye como principal cambio, no contemplar el consentimiento de la víctima, si es mayor de edad, como atenuante de la responsabilidad de un acusado de trata de personas.
El texto define a la problemática como “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países”.
Prevé, además, castigos cuando se “redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad”; cuando se “obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados” y cuando se “promoviere la prostitución ajena o la prostitución infantil”.
Además, las penas carcelarias para los imputados por este delito contemplan un castigo de 2 a 4 años de prisión pero, en el caso de que las víctimas queden embarazadas o sean menores de edad, el castigo va de 5 a 15 años.

Alcances de la iniciativa en Córdoba
El gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota, presentó días atrás a la Legislatura provincial un proyecto de ley para prohibir los prostíbulos disimulados como clubes nocturnos. El anuncio fue realizado en el Centro Cívico, y entre el público se encontraba Susana Trimarco, madre de Marita Verón.
De la Sota aprovechó la presencia de la presidente de la fundación “María de los Ángeles” para adherir “en forma personal”, a su candidatura al premio Nobel de la Paz, impulsado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados. “Los cabarets o ’piringundines’ pueden funcionar como bases para el ingreso de las organizaciones mafiosas”, manifestó el Mandatario provincial.
La iniciativa dispone la inmediata clausura de los locales en donde se realicen, toleren, promocionen, regenteen, organicen o de cualquier modo se faciliten actos de prostitución.
A su vez, califica de la misma forma a “todos los locales abiertos al público o de acceso al mismo, en donde los concurrentes y/o clientes traten con hombres y/o mujeres contratados para estimular a hacer gasto en su compañía”.
Mediante una modificación del Código de Faltas, también prevé 60 días de arresto, no redimibles por multa, a quienes violen la prohibición de regenteo de whiskerías, cabaréts, clubes nocturnos, boites, según reza el documento

Martes, 22 de mayo de 2012