La magistrada suspendida en su cargo desde agosto pasado “por mal desempeño en sus funciones” dijo que pudo haberse equivocado en su proceder pero que no tuvo intencionalidad.

El tribunal indagó sobre los 102 amparos librados contra el Estado nacional. A media mañana de ayer y tras las formalidades de rigor en el inicio del debate oral y público, prestó declaración ante el Jurado de Enjuiciamiento la juez - suspendida en su cargo - Graciela Beatriz Duarte.

Explicó sus acciones y se defendió de las acusaciones que pesan sobre su proceder al frente del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Santo Tomé. Durante su alegato la magistrada se quebró una vez y al momento de las preguntas del Fiscal General, César Sotelo, pidió diez minutos para reponerse.

Como estaba anunciado el juicio a la juez santotomeña fue en el noveno piso del Poder Judicial, en una sala acondicionada ya que la misma pertenece a Recursos Humanos de dicho estamento.
Comenzó 35 minutos después de lo fijado - a las 8 - y en un breve tiempo el debate tomó una vertiginosidad propia de juicios históricos. De hecho algo de eso tiene, es la segunda vez en su existencia con rango constitucional que el organismo sesiona para remover o no de sus funciones a un magistrado, la primera fue en 2010.
Duarte acudió al debate junto a sus padres, un matrimonio de clase media que, irónicamente, también tiene algo que ver con una de las principales acusaciones sobre la magistrada. El padre de la misma es retirado de Prefectura Naval Argentina y tramitó en otro juzgado - no el que dirigía su hija - Civil, Comercial y Laboral de Santo Tomé, una solicitud de amparo para recalcular su haber una vez jubilado de la fuerza de seguridad federal.
Como esas resoluciones, más de cien, son las que comprometen ahora a Duarte y fueron las que llevaron a una inspección a su Juzgado que dirigía hasta fines de agosto pasado. La pesquisa ocurrió el 15 de diciembre de 2009 cuando “empezaron dos años de mucho sufrimiento” lo graficó ayer la magistrada ante el tribunal cuyos integrantes, salvo los representantes del Legislativo, fueron implacables a la hora de formular preguntas y exhibir pruebas ante la acusada.

Autodefensa
De sus dos abogados defensores - José Ceballos y Pablo Fleitas - solamente el último estuvo ayer en el inicio del debate, el primero quedó en Alvear de donde es oriundo por cuestiones de salud. Graciela Duarte fue invitada por el Jury a declarar en su defensa tras escuchar todas las acusaciones en su contra, una acción que demandó más de 40 minutos a la Secretaría del Jurado de Enjuiciamiento leer.
La magistrada, por pedido del titular del Jury -Alejandro Chaín - relató a grandes rasgos su vida. Puntualmente laboral.
A los 17 años se recibió del secundario, después estudió y se recibió de maestra jardinera para luego hacer lo propio en Derecho en una universidad privada.
De allí en más contabilizó 20 años en la Administración Pública del Ministerio de Economía de la Nación, llegó a trabajar incluso en la secretaría privada del ex ministro Domingo Cavallo.
“Todos los amparos que los di fueron por una cuestión alimentaria y teniendo en cuenta los antecedentes y respeté las jurisdicciones mías y por eso tras darlos me declaraba incompetente”, fue lo que reiteró durante casi la primera hora que compareció ante el tribunal. Sentada en el banquillo de los acusados donde reconoció “que es un momento muy difícil para mí estar sentada en este lugar tras 30 años de trabajo”.
Con la voz entrecortada en esa primera parte de su declaración respondió las preguntas hechas por Chaín, a las que luego se dio lugar al Fiscal General de la Provincia. Parte acusatoria en este caso.

Un trío de testigos
Desde las 15 y hasta casi las 19 de ayer tres testigos prestaron declaración ante el Jury: Horacio Pereira, camarista de apelaciones en lo civil de Santo Tomé, quien sumarió a Duarte por los amparos y cautelares librados contra el Estado nacional. Adán López, un denunciante de la magistrada en una causa laboral, y el síndico Alfredo Muller, quien también denunció a la juez en su intervención en una quiebra. Uno de los testigos, Antonio Chalup, no asistió a la primera audiencia de ayer y tanto la Fiscalía como la defensa de la juez solicitarán por medio de la fuerza pública su presencia ante el tribunal.
Hoy desde las 08:30 se reanudará el debate.

Martes, 24 de abril de 2012