La Asamblea Nacional se prepara para sancionar, el miércoles, la norma promovida por el presidente Rafael Correa. Para la oposición y el periodismo, es una arremetida del Gobierno contra la libertad de prensa. La iniciativa será votada en una sesión convocada tras varios cambios al proyecto original y consultas entre el mandatario y su bloque legislativo, Alianza País (AP), para garantizar que no lo vetará cuando deba promulgarlo.El oficialismo necesita 63 votos para que se apruebe, de los cuales tiene seguros 53, por lo que cabildea con miras a lograr la mayoría. "Estamos optimistas porque el plan presentado es satisfactorio, en especial por el capítulo de la redistribución de frecuencias", señaló la coordinadora de AP, Paola Pabón.






Sin embargo, el resto de los partidos están en contra por entender que será un instrumento de control del Gobierno sobre los medios de comunicación. Diana Atamaint, del indigenista Pachakutik (PK), afirmó que "hay el riesgo de que Correa lo utilice como herramienta de persecución contra sus opositores".



El legislador del PRIAN Vicente Taiano no descartó votar a favor si se modifica la conformación del denominado Consejo Regulador -uno de los aspectos más polémicos de la norma, pues incluiría a un delegado del presidente- y si AP se compromete a rechazar un eventual veto presidencial.



La nueva ley fue ordenada por la Constitución de 2008 pero sucesivas dilaciones impidieron cumplir ese mandato. Por eso, el jefe de Estado ecuatoriano volvió a impulsar la cuestión mediante un referendo aprobado el 7 de mayo del año pasado.



El impulso que dio Correa a la iniciativa se produjo al calor del enfrentamiento con la prensa -principalmente con el diario El Universo-, a la que acusa de hacer política solapadamente para defender sus intereses y los de poderosos grupos que desean desestabilizarlo.



El nuevo cuerpo legal plantea que el 34% de las frecuencias sean concedidas a medios comunitarios, el 33% a públicos y 33% a negocios privados con fines de lucro.



Actualmente, 85,5% de las frecuencias radiales son privadas, en el caso de las radios. En lo que respecta a la televisión, 71% son privadas y 29% públicas.



Además crea un Consejo de Regulación con delegados del presidente, las Alcaldías y Gobernaciones así como las universidades y las organizaciones de comunicación y derechos humanos.



Esa instancia tendría la facultad de sancionar a medios que, por ejemplo, se nieguen a rectificar informaciones. En caso de reincidencia, se prevén multas de hasta 10% de la facturación promedio de tres meses.



En su escalada para limitar la función de los medios, el Gobierno publicó, en febrero, en el Boletín Oficial, un decreto por el cual se prohíbe difundir en la prensa reportajes o entrevistas en forma directa o indirecta que ayuden o perjudiquen a los candidatos durante la campaña electoral.



En enero de 2013 habrá comicios presidenciales en Ecuador. Correa aún no ratificó su participación, aunque se da por descontado que será postulado por su partido.

Miércoles, 11 de abril de 2012