El acusado del crimen y otros ex suboficiales fueron exonerados y trabajan de remiseros o albañiles, pero dos de los imputados como encubridores siguen en actividad y el subcomisario que ordenó los operativos está dentro de la fuerza pero en pasividad.


La primera jornada de debate, del segundo juicio oral y público por el homicidio de Ramón Alberto Arapí y que tiene en el banquillo de los acusados a seis policías, ya causó el primer malestar para la querella y desató la primera presentación por parte de ésta, desde donde se pediría sendos informes, dado que tres de los acusados, incluyendo el autor del crimen, fueron exonerados, mientras que otros tres continúan en actividad. Ayer se leyó la elevación a juicio y hoy continuaría con el testimonio de los acusados.
Pasadas las 9:30 de la mañana comenzó ayer la primera jornada de debate, un tanto demorado por el retraso de dos de los acusados pero con una sala colmada por familiares y allegados a la víctima.
Tras la lectura del requerimiento y elevación a juicio la juez Aromí de Somer comenzó a consultar los datos personales a los acusados, para cotejar que estuvieran correctamente bien en el expediente. Lejos de ser un mero paso burocrático dentro del debate, las respuestas encendieron todas las alarmas no sólo de la querella sino también de los familiares del joven asesinado, ya que tres de los acusados confirmaron continuar dentro de la fuerza, uno en situación de pasividad pero “a disposición de Personal para lo que se lo convoque”, según contestó el subcomisario René Piriz; así como los suboficiales Juan Carlos Díaz y Alberto Alfonso, ambos en actividad y prestando servicios dentro de la Jefatura de Policía, según manifestaron en la audiencia.
En tanto, el por entonces agente Juan Ramón Vallejos, acusado del disparo que terminó con la vida de Ramón Arapí, y los suboficiales Ramón Leiva y Esteban Fabián Blanco fueron exonerados de la fuerza, algunos de ellos están trabajando como albañiles y remiseros, pero todos ellos llegan al juicio oral en libertad.
“Este crimen fue cometido cuando eran funcionarios públicos, por lo que no entiendo porque tres fueron expulsados y los otros continúan en actividad. Voy a hacer los pedidos de informes correspondientes y que sean exonerados de la fuerza”, dijo luego a época el abogado querellante Hermindo González.
“Más allá que les asiste el principio de inocencia, sobre todo a los que están en actividad, nada impide de que cuando ocurra un procedimiento y se requiera sus servicio vuelvan a salir armados a la calle. La propia familia de Ramón ya no está segura después de lo que escuchó en el tribunal, ya que saben que esta gente sigue portando armas”, sostuvo.
El debate pasó a un cuarto intermedio para hoy, donde el tribunal le cederá la palabra a los seis imputados, en caso de que éstos se abstengan a declarar, inmediatamente se comenzará con la rueda de testimonios.

Buscan otra carátula
En referencia a las penas que podrían pedirse de parte de la fiscalía y la querella, cabe señalar que por este tipo de delitos va de 8 a 25 años, ya que la carátula es la del “homicidio simple”.
En manos de la querella y la fiscalía sin embargo está el poder lograr el cambio de carátula, que es el fin que persigue el patrocinante de la familia Arapí dado que de los testimonios y “la gran cantidad de pruebas en contra de los acusados, acá se está hablando de un homicidio cometido con alevosía, con el agravante de que se trató de funcionarios públicos”. Esto significa que la carátula se transformaría en “homicidio calificado”, que prevé penas de reclusión perpetua.
En cuanto a los encubridores del crimen, el código penal prevé penas de hasta 6 años de prisión. En todos los casos y de lograrse una condena, a los acusados sólo se le computaría el período que estuvieron detenidos, que en la mayoría fueron sólo semanas. “Aquí no se computa el período en el que pasó desde el hecho hasta la realización del juicio, ya que llegaron en libertad”, concluyó González.

Miércoles, 21 de marzo de 2012