El reconocido juez Baltasar Garzón vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados por haber querido investigar los crímenes de la dictadura franquista, a sólo cinco días de haber concluido el primer juicio en su contra por haber autorizado escuchas telefónicas entre los principales imputados en el caso de corrupción “Gürtel”, ligado al gobernante Partido Popular (PP), y sus abogados.


El polémico juez español regresó al Tribunal Supremo de Madrid para ser juzgado por prevaricato al iniciar una investigación por los asesinatos cometidos durante la dictadura de Franco, pese a la vigente Ley de Amnistía. El magistrado enfrenta una posible condena de 20 años de inhabilitación.El reconocido juez Baltasar Garzón vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados por haber querido investigar los crímenes de la dictadura franquista, a sólo cinco días de haber concluido el primer juicio en su contra por haber autorizado escuchas telefónicas entre los principales imputados en el caso de corrupción “Gürtel”, ligado al gobernante Partido Popular (PP), y sus abogados.Las organizaciones Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), y la Comisión de Juristas Internacionales, que asisten como observadoras al juicio, ven este proceso como un hecho grave que daña la imagen de la Justicia española y una advertencia a los jueces comprometidos con la defensa de los derechos humanos.



“Es la primera vez en Europa que un juez está siendo procesado por aplicar el derecho internacional”, afirmó ayer en conferencia de prensa Reed Brody, de HRW.

Las víctimas del franquismo afirman que detrás del procesamiento de Garzón hay una “intencionalidad política”, cuyo fin es que ni él ni ningún otro juez investiguen los crímenes cometidos en España durante la Guerra Civil (1936-1939) y bajo el franquismo (1939-1975).

El magistrado, de 56 años, se enfrenta a la pena máxima de 20 años de inhabilitación prevista para el delito de prevaricato -es decir, por dictar a sabiendas una resolución injusta- que solicita la organización ultranacionalista Manos Limpias, autora de la querella en su contra.

A la demanda se sumaron posteriormente la asociación Libertad e Identidad y el partido Falange Española de las JONS, pero éste último fue expulsado del proceso, por defectos de forma de la acusación.

El juez ponente que admitió la querella fue Adolfo Prego, quien preside la Fundación de la Defensa de la Nación Española, cercana al sindicato Manos Limpias, a cargo de Miguel Bernard, ex dirigente de otra formación ultraderechista, Fuerza Nueva.

Sin embargo, fue el magistrado Luciano Varela, un reconocido progresista que destaca entre la mayoría conservadora del Supremo, quien en mayo de 2010 procesó a Garzón.

En su resolución, Varela sostuvo que el juez, quien adquirió prestigio internacional al pedir la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1998) y logró que se juzgara en España al represor argentino Adolfo Scilingo (2005) -cuya condena fue avalada por el Supremo- "era consciente de que carecía de competencia" para investigar los crímenes del franquismo.

Además, lo acusó de “ignorar deliberadamente la Ley de Amnistía de 1977” y de “superar los límites de la Ley de Memoria Histórica de 2007” al ordenar las localizaciones y exhumaciones de las víctimas.

Garzón, reconocido también por haber desactivado redes de narcotráfico, procesado a numerosos miembros de ETA, políticos corruptos y destapado el caso del GAL -grupo parapolicial que bajo el gobierno socialista de Felipe González se encargó de la “guerra sucia” contra los etarras- recibió en 2006 la denuncia de las víctimas del franquismo pero no se pronunció al respecto.

Dos años después, el 16 de octubre de 2008, el magistrado se declaró competente para investigar la detención y desaparición forzada de miles de personas durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista en el marco de “crímenes contra la humanidad”.

También autorizó la apertura de 19 fosas comunes en toda España, entre ellas aquella en la que se creía que estaban enterrados los restos del poeta Federico García Lorca.

Garzón tiene pendiente un tercer proceso por haber recibido financiación del Banco Santander para impartir unos cursos académicos en Nueva York entre 2005 y 2006, justo antes de rechazar una querella contra el presidente de esta entidad financiera, Emilio Botín.


Martes, 24 de enero de 2012