Se trata del caso de la mujer acusada de entregar a su hija de 16 años a un comerciante de la localidad correntina de Mercedes a cambio de dinero para comprarse una casilla.



La Cámara Federal de Corrientes ratificó los procesamientos y la prisión preventiva de Silvina Díaz y Walter Cherei, acusados de trata de una menor con fines de explotación a cambio de una vivienda.

Se trata del caso de la mujer acusada de vender a su hija de 16 años a un comerciante de la localidad correntina de Mercedes a cambio de dinero para comprarse una casilla.

Los jueces consideraron que existen pruebas suficientes para sostener que se trata de un caso de trata de personas agravada, dado que la víctima es menor de edad, existió una contraprestación económica, y se consumó una situación de vulnerabilidad y explotación.

La investigación, encabezada por el fiscal federal Aníbal Fabián Martínez, comenzó el 2 de octubre de 2024 a partir de una denuncia anónima recibida en Concordia, Entre Ríos.

Una testigo contó que la madre había "hecho un negocio" vendiendo a su hija a un hombre mayor a cambio de una vivienda. Los audios de WhatsApp aportados por la denunciante, donde la mujer hablaba con naturalidad del “acuerdo”, fueron una de las claves para el avance de la causa.

La adolescente fue ubicada trabajando en el almacén de Cherei, quien alegó que era su empleada. Durante tareas de vigilancia, los investigadores comprobaron que vivía con él y que otras dos menores también estaban presentes. Finalmente, el 5 de octubre, Gendarmería Nacional ejecutó un allanamiento, rescató a las tres chicas y detuvo al hombre.

Pocas horas después, también fueron arrestados la madre de la víctima y su pareja, en Concordia.

En su resolución, la Cámara valoró el contexto de vulnerabilidad de la menor, la existencia de una contraprestación económica una vivienda, y la actuación de los imputados con conocimiento del daño. Desestimó los argumentos defensivos que hablaban de una relación sentimental entre la víctima y el imputado y recordó que, en casos de trata con menores, el consentimiento es jurídicamente irrelevante.

Además, la jueza de Familia Marta Ruth Legarreta intervino en la protección de la adolescente, quien quedó bajo resguardo judicial. Se evalúa también designar un defensor público de víctimas para su representación, ya que su madre se encuentra involucrada en el hecho.

Ambos imputados continuarán detenidos, y sus bienes fueron embargados por hasta dos millones de pesos, mientras avanza la causa que podría derivar en una dura condena por uno de los delitos más graves contemplados por el Código Penal.

Sábado, 21 de junio de 2025