Lo hizo su par de Oberá ante el Consejo de la Magistratura, basándose en una escucha telefónica.



Con frecuencia, policías de Corrientes, Chaco y Misiones, y fuerzas federales detectan contrabando de soja. La intención de los camioneros es llegar hasta la localidad misionera de El Soberbio, desde donde, en improvisadas barcazas, atraviesan el río Uruguay a Brasil.

Evitan el pago de retenciones y otros impuestos. Solo tienen el gasto de la logística del traslado.

También en los últimos meses, convoyes de camiones llevando toneladas de esos granos fueron interceptados por la Gendarmería en las rutas del noroeste del país, tratando de llegar con la carga a Bolivia.

Los camiones salen de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y de otras provincias productoras de soja, y sortean algunos controles antes de llegar a la tierra colorada.

El periodista Cristian Milcíades, de Economis, hizo un recorrido y advirtió que casi no hay controles cercano a los límites con Misiones. En esta provincia hay cuatro controles fiscales en la ruta y un constante movimiento de la policía provincial por los caminos alternativos que eligen los conductores duchos en su afán de alcanzar el río Uruguay para vender la carga en Brasil y cerrar el rentable circuito de la evasión.

En Misiones, además de cobrarles un anticipo de impuestos, se iniciaron numerosas causas por inconsistencias detectadas entre el vendedor y el comprador y hasta se metió preso a un jefe de la Gendarmería, denunciado por hacer la vista gorda al contrabando.

El juez federal de Oberá, Alejandro Marcos Gallandat, acaba de pedir al Consejo de la Magistratura que investigue al juez federal de Paso de los Libres, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, por una posible complicidad con el negocio a través de funcionarios suyos.

Gallandat hizo la presentación al Consejo de la Magistratura y en su escrito dio a conocer que sus sospechas surgen después que recibió transcripciones de escuchas telefónicas en la que un hombre investigado por su posible participación en maniobras de contrabando aseguró que se habría pagado a funcionarios judiciales correntinos para que se liberen camiones cargados con soja, secuestrados en la ruta nacional Nº 14, en Corrientes.

En las escuchas, uno de los sospechosos revela que se hizo amigo del juez y el fiscal y que debe pagarles 2.000 dólares a cada uno.

El Consejo de la Magistratura informó al juez Fresneda de la apertura de la investigación.

Fresneda hace poco fue cuestionado por organismos de derechos humanos por negarse a que en la revisión de la salud de Adolfo Navajas Artaza, denunciado por delitos de lesa humanidad, pero nunca llamado a declarar, participen los peritos de la querella.

Lunes, 6 de junio de 2022