Hace dos semanas se libró la orden de detención. Están acusados de supuesta malversación de fondos y asociación ilícita. La Justicia negó la excarcelación a miembros de su antiguo gabinete. En Curuzú Cuatiá el exsecretario de Obras Públicas no quiso declarar.



A dos semanas del pedido de detención librado por el Juzgado de Instrucción de Curuzú Cuatiá, a cargo de Martín Vega, siguen sin aparecer los exintendentes de Perugorría, Angelina Lesieux y Jorge Corona. Ambos están imputados como líderes de una asociación ilícita y por el supuesto desvío de fondos nacionales por 45 millones de pesos enviados por el Gobierno nacional durante la gestión del kirchnerismo y que debían ser destinados a la construcción de viviendas.
Por el receso y la feria judicial, el juzgado que entiende en la causa quedó a cargo de Margarita Cristina Rodríguez de León. Vale recordar que se encuentran detenidos en la Alcaldía de Curuzú Cuatiá, Patricia Yolanda Vera (extesorera municipal y persona de gran confianza de la pareja), Sabrina Lammens (exsecretaria de Gobierno) y el exauditor Municipal, Ernesto Moray Mussio. Este último fue detenido durante la madrugada del miércoles 20 de diciembre en Santa Lucía. Los tres permanecen alojados en la comisaría Primera de ese lugar y el último sábado se rechazó el pedido de excarcelación solicitado por sus abogados defensores. No obstante, la situación procesal de todos no es la misma.
Las tres personas citadas están siendo investigadas en el marco de una causa iniciada por una denuncia de la Oficina Anticorrupción de la Nación, a partir de una publicación mediática en el programa La Cornisa bajo el título “Pueblo chico, corrupción grande”, en la que se mencionaban la construcción de un puente peatonal sobre la Ruta 24, una ciclovía y un anfiteatro. Obras que nunca fueron hechas. Se trata de unos 45 millones de pesos que arribaron a las arcas comunales para ejecutarlas. Por el mismo caso, el juez también ordenó la detención de Corona y Lesieux, quien el pasado 10 de diciembre juró como edil. Las viviendas, si bien fueron entregadas, no contaban con aberturas y en algunos casos no tenían revoque ni pisos.
Desde la defensa argumentaron un supuesto viaje de descanso a una provincia del centro del país, pero lo cierto es que aún no hay novedades del paradero de la pareja. INTERPOL Argentina incluyó a los buscados en la categoría de Notificación Roja para su localización, detención y eventual extradición ante la probabilidad de que ambos se encuentren fuera de las fronteras del país. “Hasta el momento no existen novedades, pese a las versiones y trascendidos de ciudadanos, siguen sin aparecer”, contó una fuente periodísticas de la localidad ubicada a a 228 kilómetros de la capital correntina.
En junio del año pasado, el Juzgado Federal Nº11 de Capital Federal a cargo de Claudio Bonadío solicitó al Juzgado de Instrucción de Curuzú Cuatiá que se inhiba de seguir entendiendo en la causa iniciada por la construcción de 40 viviendas del programa “Techo Digno”, pero este último reivindicó su competencia. Se basó en que la existencia de un perjuicio efectivo a las rentas de la Nación no bastaba para justificar la competencia federal mientras el hecho, por su naturaleza, no afectara efectiva y directamente el patrimonio nacional o alguna de sus reparticiones.

Exfuncionario curuzucuateño no declaró
El pasado sábado 30 de diciembre durante aproximadamente dos horas, el exsecretario de Obras de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá, Ramón Eduardo Ocampo, y su actual pareja Anabella Aranguiz, fueron trasladados al juzgado de instrucción local. Según fuentes judiciales, ambos se abstuvieron de declarar, haciendo uso del derecho que las leyes les otorgan en la causa en la que son acusados por supuesto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Aranguiz está acusado de haber sido el prestanombre para la maniobra ilícita del enriquecimiento y de la compra de bienes inmuebles obtenidos por la corrupción durante el período en el cual Ocampo fue funcionario municipal.
Cabe recordar que en paralelo, hasta las últimas horas de 2017 se realizaron allanamientos en el marco de la investigación por “Enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles” que involucra Ocampo, quien además fue viceintendente durante la gestión de Alicia Locatelli de Rubín, actual diputada provincial.

Miércoles, 3 de enero de 2018