El pedido de resarcimiento es por la imposibilidad de acceder a los bienes depositados. Esperan un dictamen respecto de la actividad de la firma.





Abogados que represen­tan a los clientes de la coo­perativa Pyramis que, se sospecha, regenteaba cue­vas financieras, advierten que accionarán en el ámbi­to civil contra la firma en el caso de que las autoridades judiciales determinen la existencia de ilícitos finan­cieros.

Los reclamos de resarci­mientos por los daños cau­sados podrían estar fun­dados en que los clientes obraron de buena fe al con­fiar sus bienes a la firma, pero a raíz de estos supues­tos actos ilegales de las au­toridades de la cooperativa, ahora están imposibilitados de utilizarlos.

Según explicaron aboga­dos que tienen interés en la causa judicial, están impo­sibilitados de accionar en lo inmediato debido a que aún está en proceso la in­vestigación preliminar para establecer si la cooperativa excedió los límites de fun­cionamiento establecidos en el Estatuto.

Por su parte, Lisandro Amirón, letrado que repre­senta a clientes de la coope­rativa investigada, expresó: “cualquier acción es impo­sible en lo inmediato, pero sería posible si la empresa se expresa en forma nega­tiva a la requisitoria de de­volver los bienes”.

Aclaró que desde su pun­to de vista, un pedido de protección de derechos particulares es inconve­niente debido a que existe una medida judicial en de­sarrollo.

Explicó que actualmente existe un allanamiento para determinar la existencia de hechos ilícitos, situación que inhibe a los particu­lares a realizar cualquier reclamo ante la Jus­ticia. “Actualmente existe una medida de hecho, y los am­paros no proceden contras estas me­didas judiciales”, dijo.

Desde su punto de vis­ta, “lo que es procedente cuando el dinero es lícito y existe una necesidad cierta de disponer de esos fondos, el cliente puede pedir el ur­gimiento”.

Este pedido “debería es­tar fundado en la extrema necesidad como, por ejem­plo, cuestiones de salud”.

Lunes, 9 de noviembre de 2015