Pese a la causa judicial, avanzaron con la limpieza de las parcelas que serían de propiedad privada. Se trata de una población ladrillera. Ayer hicieron una presentación ante la comisaría Decimoséptima.
Mientras transcurren los días, más de 50 familias de obradores de ladrillos que viven en zonas costeras en inmediaciones de Molina Punta avanzan en la limpieza de los terrenos ocupados el miércoles 18 de diciembre, que serían propiedad de un privado en Punta Taitalo.
El espacio se encuentra cerca del río y está en proceso de investigación en el Juzgado de Instrucción Nº2 de esta ciudad.
Ayer estaba previsto que cada una de las familias ocupas realizara una presentación en la comisaría Decimoséptima de la zona, para hacer un descargo del por qué avanzaron con la toma de los terrenos.
“Algunos pasaron la Navidad por miedo a que viniera gente de otros barrios. Ya está casi todo el suelo limpio, sólo falta despejar una parte. Además, solicitamos chapas de cartón para aguantar en el lugar. Lo que no podemos es hacer casas de materiales”, comentó a época Liliana Acosta, una de las mamás que se ubicaron en el lugar.
Acosta reseñó que procuran mantener limpias las parcelas, dado que las familias se encuentran apostadas con niños, y existe la presencia de alimañas y víboras en el terreno.
En tanto comentó que la Policía vigila la zona, pero que mantienen una buena relación. “Es un oficial el que lleva la causa y viene dos veces por semana”, señaló.
En el lugar existe una medida cautelar que impide el ingreso de nuevas personas. Según Acosta, ayer las familias dejarían sentado en la comisaría el porqué de la ocupación que, tal como apuntó la mujer, se debe a la precariedad habitacional en la cual vivían.
“Somos todas familias ladrilleras, vivimos todos con nuestros papás y también hijos en el hacinamiento. No podemos continuar así. Hace 15 años vivimos en la zona y siempre estuvieron desocupadas estas tierras”, manifestó la mujer.
Cabe destacar que en Corrientes existen más de 34 asentamientos clandestinos. En junio de 2012 se conformaron los últimos en los barrios Pirayuí, Galván y Quilmes, en medio de una fuerte polémica en torno a la situación habitacional de la provincia y más que nada Capital, a donde migran las poblaciones rurales en busca de empleo.
En septiembre de este año el Gobierno provincial lanzó un programa de regularización dominial para las ocupaciones con más de 20 años y ya normalizó a través de Leyes de expropiación de tierras la situación de La Chola, Virgen de los Dolores, Bajo Galván y una parte del Quilmes.
Por su parte, el Municipio adquirió 2.400 hectáreas de terrenos, mediante una compra al Ejército Argentino, con el objetivo de contrarrestar el déficit habitacional. Por ello se comprometió a ceder 600 lotes al Instituto de Viviendas de Corrientes. Se prevé que allí se pueda avanzar en la relocalización de familias ocupas de varios sectores de la ciudad.
Según datos otorgados desde INVICO, el déficit habitacional ronda las más de cuatro mil familias correntinas que no pudieron acceder a la vivienda social por falta de inversión. En ese sentido la Provincia alega que se debe a una deuda que Nación posee con la zona.
Viernes, 27 de diciembre de 2013
